Unas 50 personas están en los "corredores de la muerte" de las cárceles de Cuba. Las autoridades de la Isla no han ejecutado a ningún condenado desde abril de 2003, informó este martes la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), según la AFP.

"No han tenido lugar nuevos fusilamientos desde principios de abril del año pasado", señaló un informe de la Comisión, que dirige el disidente Elizardo Sánchez Santacruz.

A pesar del silencio oficial sobre condenas a muerte y ejecuciones, la CCDHRN —"sobre la base de informes recibidos de fuentes familiares o directamente desde las prisiones"— calculó que "en este momento hay entre 40 y 50 personas condenadas a muerte o expuestas a la pena máxima en Cuba".

Esos condenados "están internados bajo condiciones verdaderamente infrahumanas, ya que reciben una insuficiente alimentación en condiciones antihigiénicas y agua generalmente contaminada", añadió el reporte.

Entre quienes aguardan su ejecución se encuentran los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, inculpados de atentados con bombas en hoteles de La Habana en 1997.

"En lo inmediato, es razonable esperar que el gobierno de Cuba, de una manera independiente y soberana, acepte la generosa y desinteresada cooperación de la Cruz Roja Internacional y otras instituciones análogas" para mejorar las condiciones carcelarias en la Isla, precisó la CCDHRN.

En abril de 2003, tras un juicio sumarísimo, fueron ejecutados tres hombres que encabezaron el secuestro de una embarcación de pasajeros que intentaban huir a Estados Unidos.

Ese mismo mes, los tribunales del gobierno condenaron a penas de hasta 28 años de prisión a 75 disidentes de todo el país.

Otros datos de la CCDHRN, citados por EFE, apuntan que entre 5.000 y 6.000 personas fueron fusiladas en Cuba desde el inicio de la revolución liderada por Fidel Castro, en 1959.

Los datos de la Comisión coinciden con los del académico cubano residente en Washington Armando Lago, consultor del Standford Research Institute, que cifró en 5.621 las ejecuciones registradas en Cuba durante el período posterior a la llegada de Castro al poder.

Los cálculos de la CCDHRN "son estimaciones, porque no hay información oficial sobre el tema, pero somos conservadores en las cifras", dijo Elizardo Sánchez Santacruz a la EFE.

"Las fuentes de información están básicamente en el exilio, porque más del 90% de las familias de los fusilados emigraron", agregó.

El informe de la Comisión denunció que el gobierno de Cuba "no ofrece informaciones a la opinión pública ni a organismos internacionales especializados, como Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas o Amnistía Internacional, en relación con las personas condenadas a pena de muerte o expuestas a esa sanción".

La CCDHRN expresó su preocupación por la posibilidad de que "se sigan imponiendo penas capitales y se reanuden los fusilamientos de manera sorpresiva", ya que el Código Penal cubano contempla 60 motivos por los que puede aplicarse la pena de muerte.

El informe instó al gobierno cubano a aceptar la cooperación del a Cruz Roja Internacional y de otras instituciones para mejorar las condiciones de los condenados a muerte "y del resto de la desproporcionada población carcelaria" del país.