Qué razones habrán llevado al régimen de Fidel Castro a permitir el Congreso de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, realizado este fin de semana en una finca del habanero municipio de Boyeros, es la pregunta más actual y reiterada en el universo cubano.
Por lo pronto, la reunión se ha convertido en el más importante cónclave efectuado por la disidencia pacífica de la Isla en las últimas cuatro décadas. Por primera vez las autoridades han hecho la vista gorda ante un acto de fines exclusivamente políticos, con más de cien invitados y decenas de personas que se congregaron en los alrededores de la sede al grito de Libertad.
De momento, Castro ha optado por no desatar una oleada represiva que lo exponga a la comunidad internacional, como sucedió en marzo de 2003, cuando condenó a 75 ciudadanos a penas de hasta 28 años de cárcel por delitos de opinión. Esta vez, su actitud, más cautelosa, le ha reportado ya algunos dividendos, como el hecho de que una parte importante de la oposición, entre ellos su líder más connotado, el democristiano Oswaldo Payá, se haya desmarcado de esta Asamblea expresando severas acusaciones contra Martha Beatriz Roque Cabello y algunos de sus colaboradores.
No cabe descartar que la intención de Castro sea precisamente otorgar más protagonismo a Roque Cabello, ya que le sería más fácil combatir la línea dura representada por ella, debido a su posición favorable al embargo estadounidense, su sintonía con la actual administración norteamericana y su renuencia a pactar con las autoridades cubanas una transición que las incluya en el futuro juego de poder. Presentar a los grupos participantes en la Asamblea como anexionistas y pagados por Washington, sin preocuparse por cuánto de cierto haya o no en tales afirmaciones, será algo mucho más sencillo para el régimen cubano que contrarrestar un movimiento de base católica como el que representa el Proyecto Varela.
Al mismo tiempo, La Habana intenta minimizar los costos de su arriesgada estrategia. Si bien ha expulsado a varios periodistas y políticos extranjeros que acudieron al país con el fin de asistir a la Asamblea —mostrando así ante el mundo su cariz autoritario—, ha hecho todo lo posible por que la noticia de la reunión disidente no trascienda en el interior del país, enfilando su poderosa maquinaria propagandística hacia temas mucho más mediáticos, como el caso Posada Carriles.
En cuanto a la repercusión internacional suscitada por la Asamblea, no parece muy exacta la interpretación —expresada tanto por el sector más radical de la disidencia como por Washington y representantes de partidos conservadores europeos— de que la política de relativo acercamiento y negociación con La Habana impulsada por el actual gobierno español y secundada por varios países, se puede considerar fracasada. Si bien el régimen cubano ha insistido en la política de expulsión de extranjeros reiterada durante todas las administraciones españolas, nunca antes había permitido una reunión como el congreso recién finalizado. Aunque es probable que las causas de esta aparente tolerancia obedezcan a estrategias internas de difícil diagnóstico aún, habría sido impensable hace unos años la realización de una Asamblea similar.
Más allá de cualquier especulación, lo único claro es que la supuesta tolerancia de La Habana no significa en modo alguno un giro decisivo en su política de irrespeto a los Derechos Humanos.
La pregunta de por qué la policía política cubana no reprimió el encuentro disidente seguirá siendo, hoy por hoy, un enigma. La respuesta, eso sí, se verá. Por esta vez, lo que ha hecho Castro puede resumirse en una expresión muy conocida del refranero popular: pasarse con ficha. Pero la partida continúa, y él sigue teniendo las cartas marcadas. |