El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, ya cumplió un año y medio, tiempo suficiente para hacer una evaluación de los diferentes niveles en que se desarrolla la experiencia política de la nueva izquierda, al frente del mayor país de América Latina.

Presidente brasileño Lula da Silva.

En el orden macroeconómico, Lula ha aplicado una política ortodoxa, siguiendo los lineamientos económicos del gobierno anterior (Fernando H. Cardoso, de orientación socialdemócrata) con un fuerte ajuste fiscal. Se destacan los compromisos con el FMI y la banca internacional para pagar sus deudas; la disposición de un ajuste en el superávit primario (dinero sobrante del balance general del gobierno), muy superior al decidido por el gobierno de Cardoso; responsabilidad fiscal (adecuación entre gastos y recetas) a todos los niveles del gobierno: federal, estadual (provincial) y municipal, así como un control de los gastos en los ministerios y secretarías.

Este ajuste macroeconómico afectó, durante todo el primer año de gobierno, los gastos en el área social, que se resintieron con el arreglo aplicado y ocasionaron dos aspectos negativos y simultáneos: disminución del poder adquisitivo de los brasileños y crecimiento negativo de la economía. De manera que la jerarquización del ajuste macroeconómico afectó la microeconomía individual y empresarial, comprometiendo el crecimiento industrial y cercenando el poder adquisitivo de la población.

Este fuerte acomodo económico trajo, en compensación, una extraordinaria mejora en los indicadores generales —externos e internos—: el control de la inflación, revalorización de la moneda brasileña, evaluación positiva del mercado y confianza de los inversionistas internacionales, lo cual ha configurado un panorama positivo a mediano plazo.

Leyes impopulares

En el aspecto social, el gobierno de Lula basó sus esfuerzos iniciales en un fallido plan contra el hambre que no consiguió despegar durante el primer año, en parte por la incapacidad de sus responsables y la desorganización de las esferas de atención social del gobierno, que pugnaban por los escasos recursos disponibles. Fue notorio que el ajuste macroeconómico se hizo a expensas de los programas sociales tradicionales: seguridad pública, educación y salud, afectados negativamente en este primer año de gobierno.

Todo este panorama interno fue matizado, adicionalmente, por el interés del gobierno en hacer aprobar en el Congreso dos importantes (e impopulares) leyes, para lo cual fue necesario tejer una compleja coalición de su partido con organizaciones de centro y centro-derecha: una ley que reduciría y limitaría los retiros de los trabajadores del Estado (base izquierdista del partido de Lula) y otra que establecería un ajuste fiscal, mejorando teóricamente la exorbitante carga de impuestos que sufre la sociedad brasileña.

Los esfuerzos para la aprobación de la ley que disminuye los retiros le trajo a Lula un fuerte desgaste ante la opinión pública y su base política tradicional, y la aprobación de la segunda ley —reforma de los tributos—, suscitó contradictoriamente un impopular aumento de impuestos, sin contrapartidas sociales. Ambos aspectos combinados afectaron aún más la popularidad del presidente ante sus electores, y se sumaron a las afectaciones descritas en las áreas sociales.