Estados Unidos acusó a La Habana de permitir la presencia en territorio cubano de integrantes de la organización terrorista vasca ETA y de dar "refugio y apoyo" a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombino.

En su informe anual Patrones del Terrorismo Global en el 2003, el Departamento de Estado dedicó una sección a los siete países que, a su juicio, patrocinan el terrorismo internacional. Entre ellos están Cuba, Corea del Norte y Siria, informó EFE.

En el documento, divulgado el jueves, el Departamento de Estado afirma que el gobierno cubano no tomó "todas las acciones necesarias" en el 2003 para cortar sus presuntos vínculos con el terrorismo en el mundo.

Según el texto, La Habana no sólo se opuso a la coalición liderada por Washington en la lucha global contra el terrorismo, sino que "continuó dando apoyo a organizaciones terroristas extranjeras" y acogió a decenas de prófugos de la justicia de Estados Unidos.

El informe incluye además la explicación de la cancillería cubana, en mayo de 2003, de que la presencia de los miembros de ETA en su territorio surgió de una "solicitud de asistencia" por parte de España y Panamá, y que se trata de un asunto entre La Habana y Madrid.

El Departamento de Estado señaló también que, durante todo el 2003, Cuba condenó "activamente" muchas de las políticas y acciones de Estados Unidos relacionadas con la lucha antiterrorista.

Washington dedicó además espacio a objetar la "campaña propagandística" de La Habana, que, mediante el control de los medios de comunicación, criticó las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán y lo acusó de violaciones de los derechos humanos "con frecuencia y sin fundamento".

Estados Unidos citó el caso del representante cubano ante la ONU, quien, al criticar la política exterior estadounidense hacia la Isla, afirmó que "las acciones de unos Estados para desestabilizar a otros son una forma de terrorismo".

Washington rechazó el argumento del gobierno cubano de negarse a extraditar a sospechosos de terrorismo por considerar que estos no recibirán un juicio justo y que los cargos en su contra tienen motivaciones "políticas".