El informe, sin embargo, reconoce que "aquellos individuos de integridad profesional y personal que forman parte de la Cuba oficial (…) seguramente también desempeñarán un papel clave como agentes de cambio".

Aunque en el Grupo no participaron cubanos de la Isla, fundamentalmente por los problemas de logística relacionados con la dinámica de trabajo del Grupo, sí se realizaron consultas con ellos, dijo Pérez-Stable. El estudio es un proyecto del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y fue financiado con 300.000 dólares de la Fundación Ford y el Open Society Institute (Instituto Sociedad Abierta).

Como parte de su comité gestor figuran, además de Pérez-Stable, los académicos Jorge Domínguez y el abogado Pedro A. Freyre, y entre los miembros del Grupo estuvieron el escritor cubano Carlos Alberto Montaner, el ex embajador sueco Carl-Johan Groth, quien formó parte de una misión de la ONU en El Salvador y fue nombrado Relator Especial para Cuba; Ronalth Ochaeta, diplomático guatemalteco y ex director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de su país, y el chileno José Miguel Vivanco, quien fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dirige actualmente la División de las Américas de Human Rights Watch.

Cuba: La reconciliación nacional incluye capítulos sobre el consenso internacional en torno a la democracia y los derechos humanos, el contexto internacional de Cuba en la década de 1990 e inicios del siglo XXI, el contexto histórico cubano —un capítulo sólido y preciso que constituye un modesto aporte del Grupo con vistas a la búsqueda de la verdad— y la experiencia de otros países.

El Grupo de Trabajo "Memoria, Verdad y Justicia", a diferencia de las Comisiones de la Verdad que surgieron en América Latina en la década del 80 y el 90, no hace un análisis exhaustivo de acusaciones por violaciones de los derechos humanos, aunque sí menciona algunos hechos sobresalientes atribuidos al Gobierno cubano, a la oposición violenta y al Gobierno de Estados Unidos, que habría que esclarecer en el futuro, lo cual podría ser el embrión de una Comisión de la Verdad en la Cuba pos Castro.

Entre las violaciones del Gobierno cubano incluidas en el informe están, entre otras, el trabajo forzado en la Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) por conducta considerada impropia por el Estado, y las víctimas fatales al ser interceptadas por las autoridades cubanas cuando intentaban salir ilegalmente del país por vía marítima.

A la oposición violenta se le atribuye la voladura de un avión de Cubana con 73 personas a bordo en 1976, atentados contra sedes diplomáticas y oficinas comerciales cubanas en el exterior, como las de Cubana de Aviación en varios países, entre otras violaciones de los derechos humanos.

Los expertos consideran que debe esclarecerse también la implicación del Gobierno estadounidense en los atentados contra Fidel Castro y su presunta responsabilidad en la introducción del virus del dengue hemorrágico tipo 2 en 1981, causante de la muerte de 158 personas.