Cabe destacar que ya en junio de 2003, en el informe que elaboró AI sobre la crisis generada en marzo de ese año en la Isla, se denunciaba el recurso a esas prácticas por parte de las autoridades policiales, en numerosos casos, como el de los familiares más allegados de Luis Enrique Ferrer (condenado a 28 años) y Orlando Fundora (18), o la propia esposa de Rivero Castañeda, entre otros.

Este año, AI se ha hecho eco del incremento de las críticas contra el gobierno de Castro, incluso de países y personalidades que anteriormente lo respaldaban, como una reacción de la comunidad internacional a los sucesos de abril de 2003.

A la ola represiva contra la disidencia interna siguió el fusilamiento —en abril pasado— de tres hombres (Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac) que estuvieron involucrados en un secuestro de una embarcación con el objetivo de llevarla a Estados Unidos.

Como quiera que este último incidente desembocó en el levantamiento de la moratoria de facto mantenida durante tres años por La Habana, Amnistía Internacional ha reiterado su llamado a que se abandone la práctica de las ejecuciones, se respete y restablezca el principio de esa moratoria de facto, como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte para todos los crímenes.

Este es el tercer reclamo de AI al gobierno de Castro, al que identifica —junto a Estados Unidos— como los únicos que aplican la pena de muerte en la región de las Américas.

En el caso específico de Cuba, Amnistía —que ha manifestado en varias ocasiones que las ejecuciones son un factor extremadamente preocupante— ha reiterado ahora que las autoridades cubanas esgrimen "la amenaza contra la seguridad nacional por parte de Estados Unidos", para justificar su aplicación, un argumento que para muchos analistas se va desgastando en el tiempo y que ya no resiste mucho análisis.

Para AI, la actividad de la disidencia se ha visto afectada tras los encarcelamientos de 2003, pero ello no ha restado el valor de dirigentes como Oswaldo Payá, cuyo Proyecto Varela fue declarado "inconstitucional" por el Parlamento cubano en 2003, a pesar de las más de 14.000 nuevas firmas presentadas para pedir un referendo sobre reformas políticas y económicas bajo la actual Constitución.

En un plano ya más político, se exhorta al régimen a firmar o ratificar varias convenciones de la ONU —en total cinco importantes instrumentos— que de una u otra forma establecen compromisos y normas para derechos humanos, a los cuales el gobierno cubano no se ha adherido por alegadas reservas.

Los convenios a que AI se refiere concretamente son el Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales (PDESC), el protocolo adicional al Pacto relativo a la eliminación de la discriminación contra la mujer; el protocolo adicional sobre los derechos del niño, referido al reclutamiento de menores en conflictos armados; y el pacto sobre derechos políticos.

Para los expertos, resulta inaudito que la diplomacia habanera, que con tanto orgullo se refiere a sus conquistas en las esferas de educación y salud, no se haya adherido precisamente al convenio que ampara los derechos sociales y culturales, el PDESC.

La portavoz expresó la inquietud que suscita la politización elevada en el ámbito de los debates de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En ese sentido, Arenas expuso a este diario la gran preocupación de su organización de que "el caso de Cuba siga siendo utilizado en la CDH como una discusión política, cuando la discusión que tiene que realmente suscitarse es una discusión sobre la gente que está sufriendo en la Isla en estos momentos".