El capital privado tuvo que lidiar con notables conflictos a la hora de invertir, sobre todo por los privilegios de que disfrutaban los administradores y obreros de las corporaciones listadas para ser privatizadas, y también por el hecho de que como accionistas de las mismas figuraban bancos prestamistas, e incluso el propio Estado.

Los Estados aún retienen sectores amplios de la economía e intervienen en ella de manera significativa, entorpeciendo la competencia natural del mercado. Y, por otro lado, se asiste a una creciente concentración y monopolización del capital empresarial privado.

Los efectos

La idea de "economía de mercado socialista", en la cual las formas colectivas de propiedad retienen el monopolio, es imposible de establecer. No existe economía de mercado sin propiedad individual. La única alternativa es la privatización, la estimulación de las empresas privadas, la eliminación de las regulaciones y restricciones del Estado sobre las actividades económicas privadas.

Los niveles de desarrollo económico alcanzados en la transición no son iguales y, en la mayoría de los casos, se han desplomado al compararse con los niveles pre-liberación.

La propiedad privada, las relaciones mercantiles y las elecciones, por sí solas, no han garantizado el pleno ejercicio democrático. En las transiciones se mantienen casos de estructuras autoritarias, minorías acaparadoras del patrimonio económico, y poblaciones con niveles de vida deprimidos.

La transferencia del patrimonio estatalizado al sector privado se realizó con tal premura, que careció de la supervisión social, de ahí que se desmantelaran de manera indiscriminada las funciones estatales en la salud, la educación y la beneficencia social. El recorte de las dimensiones de los organismos administrativos, debido a la privatización y la imposición rápida y brutal de las consideraciones financieras presupuestarias, no implicaban el desmantelamiento total del Estado.

La falta de recursos financieros restringió los dineros disponibles, tanto para el aparato estatal como para los servicios públicos. Lejos de imponerse la búsqueda de una eficiencia estatal, se favoreció el recorte insensible de cualquier servicio público en la lucha por dominar el déficit presupuestario, por lo que se lesionaron la educación y la salud pública. Por ello, el déficit financiero se transformó en un quebranto social, y se produjeron profundos contrastes en los niveles de vida y consumo.

Al final se ha impuesto una visión más flexible en la que no se considera el desempleo y la pobreza como "costes necesarios" de la transición. Las mayores desigualdades que provocó esta política de recorte insensible del presupuesto tuvieron lugar en Rusia y Rumania, y los mayores niveles de pobreza se presentaron en Asia Central.

Aun con sus perfiles nebulosos, Europa central ha presentado características muy específicas, al menos desde el siglo XVI, al ocupar un papel marginal y un permanente subdesarrollo económico, en comparación con buena parte de Europa occidental. Esta circunstancia también marcaría la condición de sus anteriores sistemas (el comunista), y de los actuales procesos de transición, contribuyendo poderosamente a ratificar la condición de menor desarrollo.

La estrategia económica se enunció, erróneamente, como una obligada disyuntiva a escoger entre la justicia social o el desarrollo. A tal punto se demolió la dimensión de prestación social del Estado, que Europa del Este, al asociarse con la de Occidente, en la Comunidad Económica Europea, no logró clasificar en sus iniciales peticiones. Sus aparatos estatales —a diferencia de los occidentales capitalistas— carecían de responsabilidad hacia los sectores indefensos de sus países, y de interés por los problemas medioambientales, la gestión de la producción y el aparato judicial.