El gobierno costarricense ha decidido dar asilo en su territorio al líder sindicalista Carlos Alfonso Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), perseguido desde hace varias semanas por el gobierno de Hugo Chávez, informó la agencia AP.

"En apego a la tradicional institución del asilo, consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales, y por razones humanitarias, el gobierno ha otorgado el asilo territorial", dijo el canciller de Costa Rica, Roberto Tovar, en un comunicado de prensa.

Según Tovar, el gobierno venezolano ya fue notificado de la decisión, y el embajador de San José en Caracas, Ricardo Lizano, recibió la orden de tramitar el salvoconducto para Ortega.

La idea es que el opositor venezolano, de 56 años,"viaje en el menor tiempo posible a San José", dijo Tovar.

El viernes pasado Carlos Ortega ingresó en la embajada costarricense en Caracas para pedir protección, y dijo temer por su vida.

El 20 de febrero, un tribunal penal de Venezuela ordenó la detención del sindicalista quien, junto al empresario en prisión domiciliaria Carlos Fernández, lideró el paro opositor realizado entre diciembre y enero para forzar la renuncia de Hugo Chávez.

Suspenden procesos contra ex gerentes petroleros en Venezuela

La Corte de Apelaciones de Caracas suspendió el lunes los procesos judiciales contra siete ex gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), acusados de participar en un supuesto sabotaje a la industria petrolera durante el paro opositor, informó Juan Martín Echeverría, uno de los abogados defensores.

Según Echeverría, el tribunal determinó que las actuaciones de la jueza Belkis Cedeño contra los líderes de los trabajadores petroleros, quienes se mantienen en huelga desde diciembre, vulneran el derecho a la defensa, el debido proceso y el equilibrio entre las partes.

A finales de febrero, la jueza ordenó la detención de los ex gerentes Juan Fernández, Gonzalo Feijoo, Horacio Medina, Edgar Quijano, Juan Lino Carrillo, Mireya de Amaya y Juan Santana, acusados de traición a la patria y de realizar sabotajes en las instalaciones de PDVSA.

Los recién liberados han decidido pasar a la clandestinidad para evitar nuevas detenciones.

"En Venezuela no existe estado de derecho", comentó Quijano al cuestionar los procesos judiciales iniciados contra algunos dirigentes opositores.

Los siete ex gerentes se declararon perseguidos políticos y se niegan a presentarse en los tribunales argumentando que no confían en la justicia venezolana.

No obstante, alabaron la decisión de la Corte de Apelaciones. "Se ve como una lucecita en la administración de justicia", dijo Echeverría.

El presidente Hugo Chávez ha exigido a los tribunales y al Ministerio Público que procedan contra los ex gerentes petroleros, el líder patronal Carlos Fernández y el dirigente sindical Carlos Ortega.

Chávez acusó a los ex gerentes de causar pérdidas al país por unos 5.000 millones de dólares.

La huelga en PDVSA, en respaldo al paro opositor, paralizó desde comienzos de diciembre de 2002 la industria petrolera, de la que el Estado obtiene la tercera parte de sus ingresos.

Para intentar quebrar el paro, el gobierno militarizó las instalaciones de la petrolera estatal y despidió a unos 12.400 empleados.