La muerte de la líder opositora Evangelina Carrizo, por un disparo en la espalda, elevó a ocho el número de víctimas mortales en las protestas contra el gobierno que se repiten desde hace una semana en Venezuela.

Los incidentes violentos se han incrementado tras el descontento que provocó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de enviar a revisión más de un millón de las firmas recogidas por la oposición para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.

La oposición adjudica la muerte de Evangelina Carrizo, militante de Acción Democrática (AD) en el estado de Zulia, a la Guardia Nacional, informó la BBC. En los medios de prensa venezolanos aumentan las denuncias sobre golpizas, amenazas de muerte y persecuciones de los militares, y la utilización "generosa" de gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes.

Para Omar Barboza, de AD en Zulia, la muerte de Carrizo fue un hecho "cruel y despiadado", dentro de la persecución de la Guardia Nacional a la oposición, según dijo al periódico El Nacional.

La prensa ha denunciado también que el gobierno la ha convertido en un "objetivo militar". Unos 14 periodistas han sido agredidos en los hechos registrados en el país, algunos de ellos de bala, y tres están detenidos, informó el diario El Universal. Las cifras han sido facilitadas por la Federación Internacional de Periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

La periodista Marta Colomina dijo que, según le comentó "una fuente militar", "se está movilizando a los jueces chavistas de Aragua para Caracas para proceder a demandar y enjuiciar a dirigentes políticos y a algunos periodistas". La propia Colomina podría ser acusada de "instigación a la rebelión".

El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, negó que los cuerpos de seguridad estén violando los derechos humanos de los manifestantes opositores.

"La acción de la fuerza pública, absolutamente controlada y racional, ha sido la respuesta natural del Estado a un desbordamiento delictivo que los propios vecinos de los lugares afectados repudian".

Adversarios de Chávez marcharon por las calles de Caracas para pedir la liberación de los detenidos en los fuertes disturbios ocurridos, desde el pasado viernes.

Según líderes opositores, "más de 300 venezolanos" han sido arrestados "de forma ilegal" en distintas ciudades del país, tras la decisión del CNE de revisar parte de las firmas.

Los opositores denuncian que la autoridad electoral "violó" las normas para la verificación de firmas. Algunos miembros del CNE, a quienes se identifica con el oficialismo, afirman que los datos de varias planillas tenían la misma caligrafía, aunque la rúbrica y la huella digital correspondieran a personas diferentes.

La oposición ha criticado esta utilización de las normas y ha dicho que en el proceso no se advirtió que el firmante debiera rellenar los datos.

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el Centro Carter, que actúan como observadores en la crisis, intentan lograr un acuerdo entre la oposición y el CNE, sobre la revisión de las firmas puestas en duda.