Chile sacó a la luz el episodio más oscuro de su historia, con la difusión, el domingo, del Informe sobre Prisión Política, que rompió el silencio de 31 años y debe dar paso a la rehabilitación moral de cerca de 30.000 víctimas, informó EFE.

El presidente Ricardo Lagos dijo en un mensaje transmitido al país por radio y televisión que el informe "hace mirar de frente una realidad insoslayable. La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile".

La presentación del informe, denominado Para nunca más vivirlo, para nunca más negarlo, fue seguida por cientos de las víctimas supervivientes de los atropellos, que se reunieron en el Parque de la Paz, en el este de Santiago, levantado en el lugar donde estuvo Villa Grimaldi, el peor centro de reclusión y tortura de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Recorrer los miles de testimonios me ha conmovido (…) El relato de las víctimas estremece. He sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la sinrazón, la crueldad extrema, la inmensidad del dolor", dijo Lagos emocionado.

En su alocución, el presidente chileno hizo también una reseña del documento que la Comisión de Prisión Política y Tortura le entregó el pasado 10 de noviembre y que elaboró tras recoger 35.000 testimonios de víctimas en todo el país, durante un año.

La Comisión comenzó a trabajar el 11 de noviembre de 2003 y recogió testimonios en 42 gobernaciones y 110 localidades del país.

"Con el reconocimiento de las víctimas de la prisión política completamos un capítulo por el cual teníamos que pasar. Pero lo completamos para mirar el futuro, no para escudriñar eternamente en el pasado", expresó Lagos.

Este recuerdo, añadió, no se ha hecho para reavivar rencores y divisiones "sino para fortalecer la convivencia y unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez conocido el sufrimiento y el dolor".

"Porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente, podemos empezar a superar el dolor, a restaurar las heridas", dijo Lagos, al recordar que todas esas personas sufrieron un quiebre en sus vidas, sus familias fueron destruidas, al igual que sus proyectos personales, lo que ha estado cubierto por un "velo de silencio, espeso, insano".

"Reconocer el desvarío, la pérdida del rumbo, que hizo que las instituciones armadas y el Estado se apartaran de su tradición histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y desarrollarse, es lo que nos permite retomar la senda de siempre y enfrentar con optimismo el futuro", sentenció.

Lagos anunció medidas de reparación "simbólicas y colectivas" para expresar el reconocimiento moral hacia las víctimas, y de carácter jurídico, para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el país.

No obstante, garantizó que esa medidas no suponen una afrenta para las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el presidente Lagos anunció iniciativas jurídicas a favor de quienes fueron acusados "de delitos que nunca cometieron y, por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos".

Entre las reparaciones económicas para las víctimas está una pensión vitalicia de 112.000 pesos mensuales (190 dólares), y acceso preferencial a la salud, vivienda y educación.

El informe y las medidas fueron apoyadas por los partidos oficialistas y valoradas positivamente por los ex presos políticos, que, sin embargo, las encontraron insuficientes ya que no incluyen un castigo a los responsables de los atropellos que ni siquiera, dijeron, son identificados.