La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada el miércoles por la mayoría oficialista del Congreso venezolano, ha suscitado fuertes críticas de medios de comunicación y opositores que consideran que "coarta la libertad de expresión".

Los antagonistas de la ley han recibido el apoyo de Human Rights Watch (HRW), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La nueva ley, que deberá pasar aún algunos trámites formales, prevé estrictas regulaciones para los programas en los horarios infantil o "supervisado", así como para la difusión de mensajes de sexo y violencia, e impone multas millonarias por el incumplimiento de los horarios.

Según la AFP, el gobierno y sus partidarios dicen que la normativa protegerá a los niños y adolescentes de los abusos en la programación y evitará la manipulación informativa.

El oficialismo la llama Ley "Resorte" porque dice que contribuirá a elevar la calidad de la programación.

"Ahora se contará con unos medios de radio y televisión al servicio del pueblo, con mensajes responsables, serios y éticos que contribuyan a la formación de los niños, niñas y adolescentes", comentó la diputada "chavista" Desirée Santos.

En contraparte, la oposición la califica de "Ley Mordaza", porque asegura que está destinada a violar la libertad de expresión.

Los críticos rechazan fundamentalmente la conformación de un Directorio de Responsabilidad Social que crea la ley como ente regulador, aseverando que está integrado por una mayoría oficialista.

Igualmente, afirman que la ley es excesivamente punitiva y otorga demasiada protección a la producción nacional e independiente, cuyos contenidos tendrán que ser emitidos obligatoriamente en la televisión privada y pública.

Por otra parte, los adversarios de la ley critican los espacios que los medios estarán forzados a ceder a actividades del Estado, y cuestionan los conceptos para establecer los horarios de programaciones infantiles y de adultos, aseverando que quedará margen a la opinión disidente y se afectará incluso la transmisión de informaciones en los horarios estelares y en vivo.

"Esta es una ley confiscatoria, punitiva, intervencionista, que impide el derecho a la libertad", declaró el diputado opositor Andrés Velásquez y pronosticó que los canales de televisión, "para no tener que pagar multa tras multa, tendrán que autorregularse".

El director del canal privado Globovisión, Alberto Federico Ravell, se mostró escéptico sobre el nuevo instrumento legal, y dijo a la AP que "si esa ley se aplica al pie de la letra (…) no existirá en Venezuela la libertad de expresión".

"Nosotros en Globovisión nos apegamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice que los venezolanos tenemos derecho a una información oportuna y veraz. Cualquier ley que vaya en contra de ese artículo sería una ley inconstitucional", dijo.

"Es una ley que le pasa factura a los medios de comunicación que hemos defendido a los venezolanos de un gobierno autoritario", agregó.