El factor dinero

Resulta también criticable que el gobierno norteamericano intente controlar que los miembros del Partido Comunista cubano reciban remesas de sus familiares. Esto debe ser una decisión personal, pues no se trata de fondos fiscales. Implica además —para que la medida resulte efectiva— la creación de un enorme sistema de fiscalización en este país, propio de un Estado policial. En cierta forma contribuye a una polarización en Cuba, que sólo redundará en favor de que los perjudicados cierren filas en apoyo de un régimen caduco.

Es cierto que hay una doble moral en un militante comunista —que se beneficia de la bondad del exilio y sigue apoyando a la tiranía—, pero éste debe percibir que las restricciones vienen del gobierno que aún defiende, no del sistema que implica mayores beneficios para su persona.

De acuerdo con las nuevas medidas, Estados Unidos proporcionará 29 millones de dólares para la asistencia de la oposición en la Isla, un aumento considerable respecto a los siete millones de dólares del programa actual. El incremento es bienvenido, siempre que sea utilizado adecuadamente. Encierra, sin embargo, dos graves peligros. Uno es que servirá al régimen de La Habana en favor de su argumento de que la oposición interna es simplemente un "engendro" financiado por Washington.

Como ya señaló Elizardo Sánchez —quien encabeza la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional— "cualquier intento por entregar ayuda financiera a los disidentes cubanos sería contraproducente". El otro es que agrega, hasta cierto punto, un factor de ilegalidad a la labor de los disidentes.

Una de las claves del valor moral de la oposición interna en Cuba es que siempre se ha fundamentado en aprovechar los resquicios de "legalidad" permitidos por un régimen dictatorial. De esta forma, ha colocado a la defensiva al gobierno de Castro, obligándolo a modificar la propia Constitución. El factor dinero —indispensable, por otra parte, para todo movimiento opositor— es el más vulnerable, y fácil de manipular por el enemigo, cuando el financiamiento viene de una potencia extranjera.

Las normas enunciadas caen de lleno en la injerencia, cuando plantean que las organizaciones no gubernamentales que quieran remitir fondos a los grupos democráticos e independientes en la Isla, y a las víctimas de la opresión política y sus familiares —sin distinguir si el dinero proviene del gobierno norteamericano o de donantes privados— seguirán recibiendo autorización para hacerlo con un permiso específico.

De lo que se trata, ni más ni menos, es de ejercer la misma política del dólar que tantos resultados contraproducentes ha tenido en situaciones muy diferentes a la cubana, como en los casos de Afganistán e Irak: el cash como una panacea para solucionar los problemas.

Leyes inalterables, la inmigración y Radio-Televisión Martí

El gobierno del presidente Bush ha preferido dejar inalterables las normas que rigen la política hacia Cuba en los dos puntos claves, los cuales afectan a esta nación y a sus relaciones con otros países: la Ley Helms-Burton —y su puesta en práctica limitada— y la política migratoria de "pies secos, pies mojados". Ha continuado así las pautas trazadas por el gobierno del ex presidente Bill Clinton. Presiona en los aspectos que permiten a Castro valerse del argumento de "plaza sitiada" para justificar la represión, pero que en la práctica resultan de poca utilidad para acelerar su fin.

Es seguro que el dictador aprovechará la ocasión para restringir aún más el acceso a la información vía Internet, la labor de los disidentes y las actividades económicas fuera de la esfera estatal. El gobierno norteamericano no es culpable de las acciones del gobernante cubano, pero contribuye al mantenimiento del statu quo.

Se trata de una estrategia errónea, aunque no desacertada en todos sus aspectos. Estados Unidos se mantiene firme en desestimar cualquier acción armada contra el régimen. El empeño en conseguir que Radio y Televisión Martí lleguen a la Isla es positivo. También el financiamiento de programas que proporcionen oportunidades educativas a familiares de miembros de la oposición política. Cabe ahora esperar que estos dos últimos brinden resultados prácticos.

El límite fundamental que tienen las medidas recién anunciadas es que obedecen a un plan electoral y no a un esfuerzo desinteresado por cambiar la situación en la Isla. Son las respuestas que necesitaban varios congresistas cubanoamericanos y las estaciones de radio en Miami para apoyar su campaña de reelección del presidente. Están diseñadas para brindarle argumentos y reconocimiento a comunicadores y políticos —convertidos en sargentos políticos de barrio hasta las elecciones de noviembre— que presentan a Bush como la única esperanza de los votantes cubanoamericanos.

Poco importa que un grupo bipartidista de 16 legisladores norteamericanos enviara una carta al gobierno, especificando que las restricciones resultan contrarias a "los valores estadounidenses". Sólo el 23 por ciento de los cubanos que llegaron a Estados Unidos, después de 1985, tienen la ciudadanía norteamericana, según acaba de demostrar una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida. Son los que envían la mayor parte del dinero que llega a la Isla a través de las remesas, pero para Bush su opinión carece de valor: lo único que importa es el voto.