Entre marzo y abril de 2003 todo el país vibró con las detenciones, los juicios sumarios y las condenas impuestas a varias decenas de cubanos. El torbellino que desató trajo también otros ingredientes a la vida nacional y modificó el sabor de la convivencia.

Cubanoamericanos piden la liberación de los presos políticos.

Internamente quedó claro, entre otras cosas, que las duras leyes vigentes son aplicables cuando se trate de garantizar la "fortaleza del Estado"; que las apariencias engañan y no podemos estar tan seguros si, de verdad, la persona que tenemos junto a nosotros es quien dice ser, lo que potencia la desconfianza entre los nacionales.

Hacia el exterior, y por el rechazo amplio hacia tales sanciones, las relaciones de Cuba con otros países se han visto afectadas, de modo particular con la Unión Europea, cuando ésta puso en práctica medidas de respuesta a las sanciones, y aún no se vislumbra una mejora; el intercambio de dura retórica entre Cuba y Estados Unidos se agudizó, reforzado por la decisión del segundo —comprometido en una guerra internacional contra el terrorismo, cuyo fin es impredecible— de incluir a Cuba entre los países patrocinadores, promotores o protectores de terroristas.

Podría considerarse también la no respuesta a la solicitud de "un gesto significativo de clemencia" hecha por el Papa Juan Pablo II, lo que es significativo si tenemos en cuenta que altos representantes del gobierno cubano han reconocido públicamente —más de una vez— la autoridad moral del Papa, y en otros momentos se ha respondido positivamente a tales solicitudes.

No obstante lo anterior, el mensaje de las autoridades cubanas fue muy claro: cualesquiera fueran las consecuencias económicas y políticas, la decisión era irrevocable y los costos asumidos.

¿Sería posible hoy un indulto para los detractores del gobierno cubano que guardan prisión desde hace un año? ¿Tal vez una conmutación de las largas sentencias? ¿Se debilitaría el Estado cubano si diera un paso en esta dirección?

El concepto de 'seguridad'

Todo Estado debe garantizar la seguridad interna de las amenazas que se presenten, esa es una de sus misiones principales. Para ello se promulgan leyes y se ejecutan.

En el caso cubano, es evidente que los conceptos de "amenaza" y "seguridad" han variado en estas casi cinco décadas de gobierno revolucionario. En los años sesenta hubo enfrentamientos armados entre el gobierno y sus opositores; tras su derrota, muchos de aquellos cubanos que se rebelaron en armas contra el gobierno fueron sentenciados a muerte, un número mucho mayor fue enviado a prisión.

Sin embargo, lo ocurrido el año pasado demostró que un secuestro frustrado e incruento puede ser considerado hoy un acto tan criminal como haber intentado hace cuarenta años derrocar al gobierno por las armas; o que enviar información no clasificada al exterior puede provocarle a su emisor una sanción de 28 años, una condena que en otro tiempo se aplicaba en lugar de la pena de muerte. De esta manera se busca preservar, en nuestros días, la seguridad y fortaleza del Estado.

Como vemos, el concepto "seguridad del Estado" suele ser muy ambiguo, pues depende de quien dictamine lo que entiende como tal y del momento histórico. Normalmente es definido por criterios militares, ante el peligro más o menos real de enfrentar una guerra. Este ha sido el argumento comúnmente aplicado también en el caso cubano durante estos años, muy dosificado por los enfrentamientos y hostilidades entre Cuba y Estados Unidos.