El 18 de marzo de 2003, debo confesarlo, perdí los últimos vestigios de mi inocencia e ingenuidad política. A contrasentido de cualquier lógica, o tal vez actuando dentro de sus patrones habituales, el régimen cubano lanzó una ola represiva de alcance nacional. En menos de 72 horas, arrestó a 75 miembros de los grupos prodemocráticos y de la incipiente sociedad civil alternativa cubana, y en juicios sumarios los condenó —apelando a la hasta entonces engavetada Ley 88 "De la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba" (una aberración jurídica rebautizada por la oposición democrática como Ley Mordaza)— a penas que oscilan entre los 6 y los 28 años de privación de libertad.

Marzo de 2003: El rostro de la represión.

¿Qué motivó tan tremenda medida? El gobierno cubano desafió un contexto internacional desfavorable y valoró desde una perspectiva realista que los embrionarios segmentos prodemocráticos no presentaban un peligro inmediato capaz de revertir los mecanismos de control social que, aunque erosionados, todavía son efectivos para mantener el esquema de "tolerancia represiva".

Esta estrategia, aplicada hasta la fecha de la ola represiva, reconfiguraba el concepto Marcuse a la realidad cubana, donde opositores, disidentes y sujetos contestatarios padecen de manera directa —o inducida— el hostigamiento, la persecución y la neutralización. De ahí que el régimen no tuviera que apelar al encarcelamiento de manera masiva como se aplicó el 18 de marzo, teniendo en cuenta los "problemas colaterales" que significa esa práctica en el ámbito internacional.

La ecuación costo-beneficio asumida por el régimen valoró como prioridad, en primer lugar y al margen de otras consideraciones, el control dentro del país, pues "el liderazgo cubano" sabe sopesar sus dilemas y conoce el alcance de sus acciones. Son demasiados años en el poder y en su ejercicio aplica una sola lógica: la que emana de la sustentación del mismo. En ese sentido, el régimen es sensible y previsor, de manera que la amenaza potencial y latente que representan estos núcleos alternativos y prodemocráticos, junto a su creciente reconocimiento e incidencia internacional, constituye un desafío que no podía soportar por más tiempo la lógica del poder.

Represión contra la 'polis paralela'

La ola represiva iniciada el 18 de marzo fue, sobre todo, una suerte de muro de contención para evitar la extensión y profundización del accionar de los núcleos contestatarios dentro del complejo panorama de la sociedad cubana. Esa polis paralela en ciernes (para utilizar la metáfora de Vaclav Brenda), que comenzaba a hacerse visible ante el cubano de a pie —recuérdese el impacto del Proyecto Varela—, todavía no representaba ni representa una alternativa real de cambio, pero sí un elemento ascendente a tener en cuenta por su presencia cotidiana y extensiva en toda la geografía insular, además de su proyección de futuro. Todo esto motivó que se rompiera el esquema de "tolerancia represiva", y el paso a una intensa represión para quebrantar y debilitar las estructuras embrionarias prodemocráticas.

Una evaluación objetiva de la situación de los grupos prodemocráticos "post 18 de marzo", sugiere que esa fecha constituye, a corto y mediano plazo, un punto de inflexión en su accionar. Las organizaciones debilitadas comienzan a hacer una lectura profunda de su situación así como a articular esbozos de su reactivación en una situación interna desfavorable, con casi la mayoría de su liderazgo —tanto nacional como regional— en prisión, y congelados parcialmente por el momento los espacios de participación social conquistados en los últimos años.