Desde luego, dado que en política todo cambio de actitud viene habitualmente precedido por un cambio de lenguaje, y al presente la retórica castrista es más agresiva que nunca antes, se da por descontado que el gobierno no sólo no asistirá, sino que impedirá por todos los medios la Reunión General. Y esto porque, para su comprensible terror, asistirían varios ex mandatarios y personalidades de rango mundial, parte del cuerpo diplomático acreditado en la Isla, organizaciones de derechos humanos, y un enjambre de observadores y agencias de prensa. La amenaza de un zarpazo igual o superior al de la primavera de 2003 pende en el aire. Única duda posible al respecto: el grado y tipo de represalias.
Así las cosas, el riesgo para los opositores asistentes se deriva también de la nueva táctica de contención aplicada contra el Proyecto Varela de Oswaldo Payá. A saber, detener el auge de las organizaciones opositoras transgresoras por medio de golpes quirúrgicos puntuales o masivos contra sus cuadros de base, que son retirados de la circulación por larga data.
Las draconianas condenas de privación de libertad contra un número bien calculado de dirigentes intermedios surten el triple efecto de: 1) poner en entredicho al líder opositor con prestigio internacional exonerándolo (la estrategia usada contra Payá y recientemente contra Raúl Rivero, con cuya salida selectiva el gobierno se libró de un opositor influyente en su patio y, de paso, complació a cierta solidaridad elitista occidental); 2) entorpecer la capacidad operativa de la organización; y 3) desacelerar el proceso de captación por medio de un terror jurídico-penal suficiente para inhibir al menos a los indecisos, que son la mayoría de la población. (Por más que este tercer efecto sea hasta cierto punto contraproducente, al reducir el creciente número de oportunistas que se valen de la disidencia como trampolín para abandonar legalmente el país).
¿Los humos a la cabeza?
Tratándose de un asunto de interés nacional en manos de Fidel Castro, no cabe descartar cualquier exceso represivo: el Máximo Líder podría ordenar golpear a la cabeza y volver a "guardar" a los irreverentes anfitriones; diezmar preventivamente a la concurrencia por el método jurídico-penal aplicado, en particular, contra el Proyecto Varela y, en general, contra toda actividad subversiva transgresora; denegarles el visado a los huéspedes extranjeros que han confirmado su asistencia; bloquear el acceso a la rústica sede, un terreno propiedad de Bonne, mediante, por ejemplo, una oportuna "marcha del pueblo combatiente"; sencillamente, prohibir terminantemente el encuentro, que sería la opción menos costosa en términos de prestigio internacional. Tampoco se puede descartar que el Máximo Líder corte por lo sano y opte por aplicar todas estas medidas a la vez.
En cierta medida, el riesgo se deriva también del disenso público entre las propias filas opositoras. Sobre todo cuando, por razones de protagonismo, diferencias de enfoque, corriente ideológica y valoración de riesgos, o por simples ajustes de cuentas, además de airear irreflexivamente sus discrepancias, algunos desertan a última hora alegando diversos pretextos y otros emiten juicios condenatorios contra los líderes de la APSC.
El descrédito es mayor, y por ende susceptible de una eficaz explotación propagandística oficial, cuando quienes adoptan semejante conducta fratricida —y suicida, por su efecto de bumerán— son líderes de organizaciones destacadas, como el Movimiento Cristiano Liberación, el Arco Progresista o el Partido Solidaridad Democrática. |
