De los once países latinoamericanos miembros de la Comisión, siete votaron a favor, a saber, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En contra Cuba y Venezuela, y se abstuvieron Argentina y Brasil.

Los siete países de la Unión Europea, miembros de la CDH, votaron de conjunto a favor de la resolución. La diplomacia habanera se había empeñado en ahondar las divisiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, en un intento de sacar partido de las divisiones derivadas de las encontradas posiciones en torno a la guerra en Irak, pero al final de estas cinco semanas se han escuchado más de una vez sustanciales críticas cubanas contra los comunitarios.

El proceso de votación fue francamente un ejercicio tortuoso, a juicio de algunos delegados, que se enfrentan cada año a la obstinación de la diplomacia cubana en defender su sistema de gobierno "casi perfecto", estableciendo comparaciones a diestra y siniestra con el países occidentales y, muy en especial, con Estados Unidos.

La falta de alusión en la resolución promovida por Uruguay hizo que Costa Rica promoviese una enmienda en la que sugería un párrafo destinado a "exhortar al Gobierno de Cuba a garantizar el pleno respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y el derecho a un juicio imparcial, expresa su profunda preocupación por la reciente detención, enjuiciamiento sumario y rigurosa condena de numerosos miembros de la oposición política, e insta al Gobierno de Cuba a que libere de inmediato a todas esas personas".

Esta propuesta fue rechazada por 31 de los 53 miembros de la CDH. La introducción de estos señalamientos, totalmente inaceptados por La Habana, también presentaba problemas para quienes aspiraban a que la resolución de los cuatro latinoamericanos, copatrocinada luego por más de 30 países, pudiese ser aprobada en un espíritu de equidad y cooperación.

En el fondo ha quedado una extraña sensación en cuanto al por qué la misma región latinoamericana no fue capaz de unirse para acompañar la petición costarricense, que hubiera dado más fuerza a la resolución L.2.

El rechazo cubano

La riposta cubana se expresó en dos etapas. La primera el miércoles 16, cuando inicialmente estaba previsto que se efectuase la votación, pero la introducción de las tres enmiendas, la de Costa Rica y las dos de Cuba, obligaron a la CDH a aplicar el artículo 52 del reglamento, algo no muy usual. Ese artículo  establece que si hay alguna enmienda sustancial a un proyecto resolutorio que afecte su contenido, se debe otorgar un plazo de 24 horas a los gobiernos, para consultas y toma de decisiones.

El director de relaciones internacionales de la cancillería cubana, Juan Antonio Fernández, ha calificado la resolución de "burda maniobra, desprestigiada e inmoral, cuyo único objetivo ha sido fabricar pretextos para tratar de justificar el bloqueo genocida y la política de agresiones que durante más de 40 años el Gobierno de EE UU ha practicado contra Cuba".

Nada nuevo en su lenguaje, pero un detalle que muchos quizás habrían pasado por alto: el recurso a una referencia al "16 de abril de 1961, cuando fue declarado el carácter socialista de la revolución cubana". El carácter de un sistema que en sus 43 años de vigencia ha sembrado más dolor que esperanzas en la población cubana.