El rechazo castrista a la resolución involucra también la justificación a los juicios sumarios y al levantamiento de la moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, dos elementos que han estado latentes en el escenario de esta CDH, en numerosas declaraciones de gobiernos como el de Argentina y México, en la Unión Europea y en varias organizaciones no gubernamentales.

Según Fernández, su Gobierno "se ha visto obligado a juzgar y condenar con todas las garantías del debido proceso a varias decenas de agentes de la subversión norteamericana en Cuba", y ha reclamado para quienes critican estas medidas el por qué no condenan a Estados Unidos por aplicar la pena de muerte o por los prisioneros en la base naval de Guantánamo.

En medios allegados a la Comisión se ha comentado el malestar que ocasiona entre expertos y delegaciones el hecho de que en su discurso oficial la diplomacia habanera busque siempre un elemento de medición política al sistema norteamericano, o sus más que difundidos auto-elogio y auto-reconocimiento por la cooperación o ayuda que presta a países del Tercer Mundo.

El embajador Iván Mora Becerra fue mucho más lacerante en los calificativos empleados contra quienes se negaron a respaldar la propuesta cubana sobre el embargo. Según dijo, el rechazo a la enmienda referida al embargo era "la desfachatez más grande que haya ocurrido ante los ojos de la opinión pública internacional, ya que los países occidentales y los que han patrocinado esta patraña, que han votado en contra de denunciar el ilegal y criminal bloqueo que viola los derechos humanos de todo un pueblo, han reflejado la hipocresía y la doble moral con que se tratan los derechos  humanos en este foro".

Tales expresiones contrastaron con el lenguaje moderado y respetuoso empleado por representantes de países latinoamericanos que como México, Argentina, Chile, Paraguay, o europeos como Irlanda, Polonia y Suecia, sin dejar de referirse al estallido de la represión y la aplicación de la pena de muerte han reiterado la necesidad de que el Gobierno cubano se abra al diálogo en materia de derechos humanos.

El recurso del embargo fue interpuesto por Cuba en su intento de sensibilizar a una Comisión que no ha dejado de expresar preocupación por las recientes detenciones, juicios sumarios y ruptura de la moratoria de la pena de muerte en la Isla. Al parecer, hay países que piensan que "lo cortés no quita lo valiente", y si ya en la Asamblea General, desde 1992, se han estado pronunciando por el levantamiento del embargo, no hay por qué condicionarlo al texto resolutorio sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba.

La Habana aspiraba a pasar dos párrafos. En el primero, se "exige el cese inmediato del bloqueo unilateral e ilegal contra Cuba impuesto por Estados Unidos, que constituye una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano, en particular de los derechos a la alimentación y a la salud". En el segundo, se "pide al Alto Comisionado que realice una evaluación sobre los efectos de los continuos actos terroristas realizados impunemente contra el pueblo de Cuba desde el territorio de los Estados Unidos, en el pleno disfrute de los derechos humanos de la población cubana y en particular de su disfrute al derecho a la vida".

Al ser rechazada la enmienda cubana sobre el embargo, por 26 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones, por considerarse que introduce elementos ajenos y que polariza las decisiones, La Habana se vio obligada a desistir en su pretendida aspiración a que se condenase a Estados Unidos por las alegadas acciones terroristas emprendidas desde su territorio contra la Isla.