Hace unos seis meses, el Gobierno de Cuba obstruyó el acceso a la mensajería instantánea del popular sitio Hotmail. Según algunos entendidos, le era técnicamente imposible descifrar los códigos de la compañía Microsoft, propietaria del mayor servidor mundial de correo electrónico.

Mucho antes, una disposición del Consejo de Ministros prohibía toda venta de impresoras, computadoras, módems, fotocopiadoras o cualquier otro equipo de obtención y difusión de información considerada "peligrosa", salvo a entidades estatales o funcionarios designados por el régimen. A lo que se sumaba la proscripción aduanal de entrar equipamiento informático al país, desde un simple mouse a un disco duro. Las últimas computadoras que se "vendieron" en la Isla, a título personal (1999), fueron a manos de periodistas y escritores leales, muchos de los cuales tampoco tienen Internet, y sus cuentas de correo electrónico dependen de los servicios informáticos del Ministerio de Cultura. Para solicitar una de éstas, es imprescindible el visto bueno del mismísimo ministro.

Algo se ha dicho de las cortapisas impuestas por el Gobierno para bloquear el acceso de los cubanos a la información diversa, y por consiguiente a un mundo que supera sus propias pestañas. Otra dimensión del asunto, no menos importante, es la gigantesca brecha que, deliberadamente, La Habana persiste en sostener desde el punto de vista tecnológico. Las consecuencias de tales políticas contentivas están pasando factura a la informatización de la sociedad cubana. La ya de por sí anquilosada infraestructura tecnológica se hunde en una hipoteca de dimensiones insospechadas.

Cálculos no oficiales estiman en cerca de 40.000 las personas con conexión a Internet en la Isla, traducido aproximadamente en el 0,7 por ciento de la población. China, otro país comunista y enemigo de las libertades —pero con diferentes aspiraciones económicas—, posee una tasa del 4 por ciento de conexión, y no se detiene.

Más de una vez el Gobierno ha achacado al embargo económico de Estados Unidos y a las penurias materiales la imposibilidad de "permitir" el acceso de cualquier interesado a la Red. Pero lo estrictamente cierto es que la obstinación ideológica es la que ha generado ese escenario de subdesarrollo y sospecha. Jamás al revés.

¿Cómo es posible que una escandalosa demanda no pueda conllevar a una oferta cada vez superior en calidad y cantidad? ¿Acaso la descentralización de la propiedad y la inversión de cubanos y extranjeros no originaría en Cuba el posicionamiento de nuevas empresas del sector, capaces de generar competencia? La economía isleña es, posiblemente, la única en el mundo en la que la demanda es un problema y no una bendición para el desarrollo de las fuerzas productivas, y la oferta, patrimonio exclusivo del poder.

El freno a la expansión de Internet, y a toda la informática por extensión, constituye uno de los más bestiales despropósitos del régimen, al prácticamente desviar al país de la locomotora mundial del progreso con tal de no ceder poderío. Una factura que inevitablemente se pagará cara en los próximos años. Porque que determinadas instituciones oficiales, científicos o personalidades de la cultura puedan acceder a la información, no significa que la sociedad disfrute del derecho de aprehender las herramientas y el contenido de las cambiantes tecnologías. Ni mucho menos que obtenga la ineludible confrontación informativa.

En España, una de las naciones europeas de menor desarrollo, casi 8 millones de personas acceden a la red, aproximadamente el 23 por ciento de su población. En Madrid, el 26 por ciento de los hogares tiene conexión. Las administraciones españolas promueven diversas opciones para informatizar la sociedad, desde la subvención estatal a familias y empresas para la adquisición de ordenadores y consumibles hasta la estimulación de operaciones y gestiones a través de la Red.