Rodeada de libros y de proyectos sociales tronchados por el momento, aguerrida por la hipertensión y por padecimientos gastrointestinales, Gisela Delgado Sablón enfrenta la vida, desde marzo de 2003, sin el apoyo y aliento de su marido. A Héctor Palacios Ruiz lo sentenciaron el pasado abril a 25 años de prisión. Le han quitado su compañero, le han imposibilitado la maternidad, le han secuestrado el sueño de una familia. Si eso fuera poco, también le han robado los libros, le han destruido la biblioteca que había ido conformando para todos —la independiente "Dulce María Loynaz"—, le han abortado su proyecto de estudios sociales sobre la mujer, y le han impuesto un tortuoso peregrinaje de 147 kilómetros para llegar a donde su marido enfermo en la prisión Kilo Cinco y Medio, en Pinar del Río. Lo que no han podido quitarle a Gisela Delgado es la tenacidad y la fe. Ha emplazado al gobierno, le ha exigido cuentas al propio comandante; ha enunciado llamamientos, dado entrevistas, aglutinado a otras esposas. No obstante, toda esperanza de una vida común y corriente le ha sido vedada "de un chivatazo".

Hortensia Castañeda (84 años), Blanca Reyes; madre y esposa de Raúl Rivero, respectivamente.

Maritza Calderín mueve cielo y tierra por su marido, el activista de derechos humanos y abogado Juan Carlos González Leyva. Calderín le ha escrito a mucha gente, incluyendo Kofi Annan en Naciones Unidas, el pasado mes de mayo. Pero por mucho que lo intenta, ni su amor ni todas las gestiones del mundo han podido resolver los obstáculos y torturas intencionales que sádicamente le infligen a su esposo en presidio, que van desde gases tóxicos en el ambiente de su celda, líquidos irritantes rociados sobre su cuerpo que le impiden respirar e incluso dormir, piedras y otros objetos en su camino para que se accidente, cristales e inmundicias en su comida, cucarachas, gusanos, piojos, ratones y todo tipo de alimañas en su camastro y en su celda.

González Leyva es un cubano ciego. Lleva año y medio preso, y sin juicio. Se le acusa de desacato, desobediencia y escándalo público. Lo mantienen confinado en la sede de Seguridad del Estado en Holguín, a unos 200 kilómetros de su casa. Esa distancia es el calvario periódico de Maritza Calderín.

¿Hasta cuándo tendrán que sufrir tanta ignominia las estoicas esposas cubanas?

Martha Beatriz Roque Cabello continuaba en delicado estado de salud el 29 de octubre, último día en que su sobrina la visitara en la sección hospital de Villa Marista. Roque Cabello sigue con el azúcar de la sangre muy descontrolada, y tiene un lado de la cara hinchado. Una reclusa con quien comparte la celda la ha amenazado de muerte. Además de las 40 libras que ha bajado en estos meses, y de la hipertensión y el cuadro hiperglicémico que presenta desde su arresto mismo, ni los médicos ni los alergistas dan en el clavo clínico.

Con ella, como con Espinosa Chepe y con Vázquez Portal, se lleva un tratamiento de lesa negligencia médica. A eso hay que añadirle el estado depresivo general que enfrenta la economista independiente, condenada a 25 años de prisión, y el hecho de que no se le permite a su sobrina —único familiar— que le traiga alimentos más acordes a sus padecimientos. Las órdenes de las autoridades carcelarias son estrictas: o come la comida de la cárcel, o que se muera de hambre.

¿Por cuánto tiempo más podemos dejarle la agenda de gobierno a depredadores y gángster?

Cuando Isabel Ramos visitó a su hijo Arturo Suárez el pasado 24 de octubre, en la prisión Combinado del Este, lo encontró "maltratado, pálido y muy débil" en su décimo día en huelga de hambre, "en protesta por las humillaciones, maltratos y amenazas a que son sometidos constantemente por parte de la Seguridad del Estado del penal".

Ada Borrego, madre de Horacio Julio Piña, sentenciado a 20 años de cárcel en abril de 2003, sabe por boca de su hijo que su estado de salud es crítico debido a una bacteria, y también por serias lesiones que sufre en el área cervical de la columna. ¿Qué hace una madre que se entera de semejante noticia por teléfono?

Las cartas y los telegramas que Mireya de la Caridad Pentón Orozco le envía a su hijo Léster González, prisionero de conciencia que cumple 20 años en la prisión Kilo 8, en Santa Clara, se pierden o se retrasan. Los teléfonos en la prisión llevan meses rotos. Los opositores y sus familiares se han quejado, pero nada cambia. Mireya y los otros familiares coinciden en que la interferencia es una forma de tortura sicológica dirigida no sólo hacia los nueve presos de conciencia allí recluidos, sino también hacia ellas, las madres y esposas.