Obviamente, las autoridades españolas cada vez consideran menos la existencia de un conflicto político en Cuba, capaz de impedir el retorno de quienes huyen, o de arrancar la vida a quienes tratan de hacerlo, como ocurrió en abril pasado con el fusilamiento —tras juicio sumario— de tres personas que pretendían escapar de la Isla. Un botón de muestra: el 20 de mayo de 2003 la Delegación del Gobierno en Madrid informaba a un ciudadano cubano —por escrito— la denegación de su exención de visado porque "no se deduce la concurrencia de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49.2".

Aznar, Castro. Cumbre Iberoamericana (1996).

Las sucesivas actuaciones gubernamentales, tanto en la crisis de los aviones como en lo adelante, contrastan con las declaraciones institucionales del anterior Secretario de Estado para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, quien admitió al diario El Mundo, en enero de 2002, que existían dos tipos claramente diferenciados de inmigrantes y mencionó a "aquellos que huyen de una dictadura comunista, como es el caso de los inmigrantes cubanos que piden asilo en España, que a veces no se les puede conceder, porque no cumplen los requisitos establecidos por la Convención de Ginebra".

El alto cargo gubernamental afirmó que a los cubanos "sí les concedemos, en función de la nueva Ley de Extranjería, la posibilidad de residencia por razones humanitarias", algo que no se ha cumplido exactamente en la realidad de los últimos años. ¿Y no es la Convención de Ginebra el mismo instrumento utilizado en Estados Unidos u otros países para conceder asilo a los cubanos?

En la misma cuerda se inscriben las recientes declaraciones del nuevo secretario general del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones generales de marzo próximo. "Estamos a favor de la lucha por la libertad que mantienen muchísimos ciudadanos de Cuba, probablemente uno de los pocos países donde sigue existiendo algo tan estrafalario y ridículo como es un régimen comunista". El hasta hace unos días vicepresidente primero del Gobierno, e incluso, ministro del Interior durante la crisis de las escalas aéreas, ratificaba que la relación del PP y el Gobierno con Cuba era "absolutamente conocida".

Ante tal panorama discursivo, muchas veces matizado por carreras electorales, no queda otra opción que el desconcierto. Con cierta razón, se comenta en organizaciones españolas dedicadas a la atención de refugiados e inmigrantes que la posición del gobierno, lejos de ser clara, confunde a la opinión pública nacional e internacional, porque en la práctica no se actúa igual que en la teoría de los actos públicos y las declaraciones mediáticas.

Para algunos trabajadores sociales de estas entidades no gubernamentales, la percepción que tiene la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) sobre el tema cubano es "totalmente equivocada". Desde el anonimato, reconocen que cuando se escuchan los argumentos de la OAR al respecto, ellos se dan cuenta del porqué no se les otorga asilo político a los cubanos. Según estas fuentes, algunos responsables de la OAR son de la opinión de que "los cubanos sí pueden regresar a la Isla, pueden regresar si pagan una multa", y por eso no consideran que su situación sea irrevocable.

"Creo que muchas veces no somos conscientes, nos olvidamos un poco de que Cuba es una dictadura, porque lo vemos como un país al que podemos ir de viaje, por ejemplo", reconoce Arsenio García, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).