En resumen, para la inmensa mayoría de los gobiernos, la CDH no es un lugar para "hacer justicia", sino un espacio que brinda la oportunidad de "ajustar cuentas" a los adversarios o de consolidar alianzas de conveniencia con otros gobiernos, bien sea porque los ayudan a no ser condenados o porque los ayudan a condenar a otros que no son de su agrado. Esa es la real politik de ese lugar.

Afirmar, como hacen no pocos diplomáticos, que la Comisión se ha "politizado" por ello, es un barbarismo. La ONU es una institución política, por lo que no deberíamos sorprendernos de que los gobiernos vayan allí a desarrollar sus políticas individuales. En ese contexto se "gana" o se "pierde" una resolución, según la capacidad de alianzas que cada cual sea capaz de construir. Es por ello que el gobierno de Cuba viene trabajando pacientemente, desde hace muchos años, en persuadir a otros gobiernos del Tercer Mundo, aliados suyos, de que ingresen en la Comisión para de ese modo transformar a su favor la llamada "correlación de fuerzas" dentro de ella.

Frente a la lamentable, pero ineludible realidad del modo en que operan los países miembros de la CDH, ¿qué deben hacer los verdaderos defensores y activistas de derechos humanos? Lo mismo que han venido haciendo hasta el presente: intentar alcanzar "toda la justicia posible" apoyándose, según el tema en cuestión, en unos países o en otros para lograr todas las condenas viables a todos los que las merezcan.

Cuando una ONG intenta en la CDH promover la denuncia y condena de las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra los palestinos, tendrá que hacer el lobby fundamentalmente con los diplomáticos cubanos y con toda una serie de regímenes —algunos democráticos y otros autocráticos— de Asia, África y el Medio Oriente, siempre dispuestos a apoyar esas resoluciones.

En cambio, si alguna de esas ONG pretende que también se denuncien y condenen las violaciones a los derechos humanos en Cuba, China, Argelia o Zimbabwe, tendrán que concentrar su cabildeo, al margen de cualquier conflicto ideológico en otros temas, con los países latinoamericanos, europeos, Canadá y Estados Unidos.

La delegación cubana en Ginebra ha cortejado a las ONG que cree poder alejar de cualquier denuncia de las violaciones de derechos humanos en la Isla, ofreciéndoles su apoyo en otros temas. Apoyo nada despreciable, porque incluye tanto el voto cubano como su fuerte cabildeo oficial dentro de la Comisión, cuya composición le favorece ya, ligeramente, después de trabajar durante muchos años para que así fuera.

Pero lo cierto es que si la delegación cubana —como a veces sugieren sus delegados de manera más o menos velada— le llegase a retirar el apoyo a una ONG o movimiento social que lucha por un tema legítimo, tan sólo porque éstas apoyan la igualmente válida denuncia de la situación de los derechos humanos en Cuba, se estaría demostrando que su voto no lo decide una ética progresista, sino las conveniencias pragmáticas y cambiantes de un régimen conservador.

En la ONU sólo se logran unas condenas y otras no. Algunos escapan a la merecida denuncia, mientras a otros se les alcanza con ella. Ese sería el balance cada año de "toda la justicia posible" en esa Comisión. Si los activistas de derechos humanos logran la denuncia de uno o dos, de cada tres violadores, algo se ha adelantado.

La doctrina del gobierno cubano, sin embargo, es que lo único justo es mantener la impunidad general hasta que a todos se les pueda ajustar cuentas por igual. En términos prácticos, esto se traduciría en un manto de silencio e impunidad para todos por tiempo indefinido.

Por ese camino, pudiera llegarse a no mencionar nombre alguno de ningún país en la CDH, y sus sesiones se dedicarían a debates generales y técnicos, mientras los mecanismos de protección se vuelven inexistentes o se limitan a dar cursos a funcionarios gubernamentales sobre esos temas. Sin embargo, es apropiado que Milosevic tenga ahora mismo que enfrentar un juicio por sus crímenes en los Balcanes; y también es de lamentar que no sea factible sentar a algunos ex líderes estadounidenses ante el mismo tribunal para que respondan por no pocas acciones puestas en práctica en Vietnam, que pueden ser catalogadas como imprescriptibles crímenes de lesa humanidad.