Cuba y los otros casos en la CDH
¿Estaríamos mejor sin la Comisión mientras no sea posible ajustar cuentas a todos? Por supuesto que no. Del mismo modo que la sociedad moderna no estaría mejor sin tribunales, aunque la impartición de justicia deje mucho que desear en muchas partes. Por eso no es válido aquello de que el caso cubano no debiera ser examinado mientras haya otros más graves y urgentes.
Si las corrientes progresistas aceptaran ese argumento, entonces los canadienses que han denunciado el aumento del número de niños que viven en la pobreza en ese país deberían, supuestamente, hacer silencio hasta que se resuelva la miseria haitiana o guatemalteca. No creo que lo harán. Cada cual responde por una causa y tiene la obligación de llamar la atención sobre ella, aunque existan situaciones peores en este mundo.
Las violaciones de derechos humanos son atendibles en la Comisión por su gravedad y masividad. Pero ello no quiere decir que el dramático número de asesinados extrajudicialmente en Colombia por el Ejército, la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes impida analizar el significativo número de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, abusos contra detenidos y sus familiares y otras desgracias que ocurren a quienes en Cuba ejercen su derecho a disentir pacíficamente.
Contrario al argumento técnico del gobierno cubano, ambas situaciones son igualmente atendibles dentro de los marcos que norman el funcionamiento de la Comisión, aunque una de ellas tenga más dramatismo que la otra. Entre otras razones, porque la Historia muestra que lo que suele iniciarse como masiva violación de derechos políticos y civiles puede terminar en una guerra civil, como la colombiana, con graves crímenes de lesa humanidad.
Si la ONU hubiese prestado más atención y mostrado más firmeza sobre lo que sucedía en los Balcanes, a inicios de la pasada década, quizás se hubiera podido evitar mucho de lo ocurrido después en esa subregión europea. Atender situaciones en espiral negativa de desarrollo se inscribe en la mejor tradición de diplomacia "preventiva", la cual representa el espíritu mismo de los objetivos que persigue el sistema de Naciones Unidas al cual pertenece esa Comisión. Es por eso que la CDH apenas ha expresado su "preocupación" sobre los informes que le llegan y ha pedido "cooperar" con las autoridades cubanas para mejorar la situación de los derechos políticos y civiles en la Isla.
Detener el empleo de la tortura, abolir la pena de muerte, hacer transparentes los sistemas penitenciarios, son fines por los que resulta válido luchar simultáneamente en todos los países. La idea de que no puede criticarse la pena de muerte en Cuba mientras exista en EE UU es errónea. El paredón de fusilamiento no es más aceptable que la silla eléctrica debido a la ideología de los verdugos que ejecutan a unos o a otros.
Aun así, los procedimientos judiciales en EE UU para enviar a una persona al cadalso son más complejos y prolongados que las escasas horas durante las cuales se decide ejecutar a un reo cubano si con ello se desea "enviar un mensaje" político a la oposición y a EE UU. Ese fue el argumento de las autoridades cubanas para justificar el juicio y ejecución sumarios, en menos de 72 horas, de tres jóvenes armados que secuestraron una embarcación para escapar a EE UU sin haber llegado siquiera a ocasionar lesiones leves a ninguno de los pasajeros.
Está demostrado, sin embargo, que aun allí donde existen procedimientos propios de un Estado de Derecho no se ha podido impedir la ejecución de inocentes y es por eso —aparte de otras consideraciones de naturaleza más filosófica— que los defensores de derechos humanos sostienen la tesis de que la abolición es el único modo de prevenir injusticias y poder corregir una sentencia errónea al cabo del tiempo.
Por otro lado, tanto los disidentes cubanos como los presos de ETA —si bien militan en movimientos totalmente diferentes y contrapuestos en sus ideologías y métodos— tienen igual derecho a ser situados en las penitenciarías más cercanas a la vivienda de sus familiares, en lugar de ser enviados —con deliberada crueldad— a las más distantes.
Aquí tampoco el gobierno de Fidel Castro se molesta por distanciarse de los dos gobiernos españoles que, pese a su naturaleza democrática, han incurrido en esta inaceptable práctica y a cuyos líderes acostumbra criticar con excepcional ferocidad. Pero, mientras los familiares de esos detenidos pueden dar a conocer sus denuncias acerca de esta situación en el ámbito político español, los familiares de los presos de conciencia cubanos sólo pueden hacerlo en medios extranjeros, con lo cual, a su vez, se hacen vulnerables a represalias por supuesta "colaboración con el enemigo".
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