Desde la crisis del Mariel, el gobierno cubano tuvo que admitir la progresiva flexibilización de las salidas temporales y definitivas de Cuba en las décadas de los ochenta y noventa. Antes de esa fecha, sólo los mayores de 65 años podían solicitar un permiso temporal para visitar a sus parientes, que era otorgado en raras ocasiones. A partir de entonces, el objetivo gubernamental ha sido neutralizar a la creciente masa de personas que abandonan el país, para que no se involucren en actividades políticas en el extranjero, y para que colaboren con las embajadas cubanas, una vez radicados allí.

Cubanoamericano Max Lesnik, miembro del 'coto cerrado' del 'diálogo' con Castro.

En ese esfuerzo el gobierno cubano, por una parte, replantea el discurso oficial para presentar a quienes se marchan de Cuba como una masa de emigrados económicos, similar a la de otros países, que no son realmente opuestos a su política. Desde el éxodo masivo, plurirracial y pluriclasista, del Mariel, es este el modo de explicar internacionalmente el inocultable deseo masivo de salir de Cuba, a fin de que ese hecho no sea interpretado como señal de debilidad del consenso político interno.

Sin embargo, el trato entre represivo y hostil que se les dispensa a esas personas, desde que se conoce su deseo de marchar al extranjero y aún después de su relocalización, desmiente que se trate de una emigración normal.

Pierden sus empleos, se les intenta aislar socialmente, se les confiscan todas y cada una de sus propiedades (no sólo la casa, sino todo lo que está dentro de ella u otras propiedades que se conozca pertenezcan al potencial emigrado), se registra oficialmente en su pasaporte y documentos que se trata de una "salida definitiva del país"; al que, en lo adelante, sólo pueden —ocasionalmente y por limitado tiempo— retornar de visita, pero no para radicarse nuevamente en él. Pero, aun para acceder por tiempo limitado a su patria, esas personas siempre requieren que se les otorgue un "permiso de entrada", a pesar de tener pasaporte nacional vigente.

Visitas selectivas

En un reciente malabarismo mediático, el gobierno cubano anunció —como si ello fuese un gesto generoso, y no una obligación según los estándares internacionalmente vigentes y con la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por Cuba desde 1948— que a partir de 2004 se suspende el requisito del permiso de entrada al país a todo aquel que tenga un pasaporte cubano en regla.

Lo que no dijo en público es que todo emigrado o exiliado aspirante a "visitar" su patria —porque todavía no podría radicarse o permanecer en la tierra donde nació más allá del limitado tiempo que se otorga a un visitante— tiene que primero pasar por el consulado correspondiente para que le estampen la inevitable autorización para tal visita, aunque ya no se cobre por ese humillante trámite.

Los motivos para negarse a otorgar esa nueva manera de autorizar o negar la entrada a la patria a cada uno de los millones de cubanos radicados en el exterior —que no aplicaron los españoles ni los irlandeses a sus conciudadanos, pese a la extendida acción terrorista de ETA y el IRA— fueron descritos en términos vagos, al afirmar que no obtendrán el acceso a su país aquellos "que hayan realizado actividades repulsivas o dañinas", sean pacíficas o violentas.

Teniendo presente que el poeta Raúl Rivero fue sancionado hace unos meses a veinte años de prisión por actividades literarias que al parecer fueron consideradas "repulsivas y dañinas", podemos formarnos una idea de los límites de esta aparente generosidad.

Al igual que antes, queda en manos de oscuros funcionarios dilucidar si el caso de cualquier ciudadano que, radicado en otro país desea visitar su patria, se enmarca en una situación de ese corte. Ese proceso, además, transcurre dentro de la perenne opacidad del sistema que impide identificar quiénes decidieron dar la orden de poner o no el cuño final.