De llegarse a armar un escándalo internacional ante una negativa, el régimen goza de esa manera de la posibilidad de negar, de manera relativamente plausible, la responsabilidad directa de los funcionarios de nivel superior en relación con la decisión tomada y puede entonces, si así lo desea, declarar su disposición de "rectificar un error cometido por algún funcionario aislado de menor rango" para restaurar su imagen pública ante el hecho. En todo ese proceso, los ciudadanos de afuera y dentro de la Isla no tienen, sin embargo, el menor control o capacidad de monitoreo sobre el manejo de las decisiones migratorias de su patria.

Mientras que un chino, vietnamita, ruso, etiope, iraní, somalo, guatemalteco, argentino, mexicano o salvadoreño, puede vender sus propiedades para llegar con algún dinero a su nuevo país de asentamiento —o retornar al suyo si no se cumplen sus expectativas—, al ahora suavemente denominado "emigrado económico cubano" no se le reconocen esos derechos y se le somete a un régimen migratorio único en el mundo, equivalente al de un desterrado por vida.

Si Cuba insiste en sostener una política migratoria de naturaleza inadmisible y excepcional —salvo, quizás, la de Corea del Norte—, es comprensible y puede considerarse legítimo que EE UU mantenga para los emigrados cubanos hacia su territorio un régimen de acogida igualmente excepcional bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Donde dice peligro

Por otra parte, el gobierno de La Habana da múltiples usos a su política migratoria, cortejando a los emigrados que han tenido peor suerte y a todos los que tengan la necesidad de negociar con ellos las posibilidades de viajar ocasionalmente a Cuba. A cambio del acceso limitado a su patria —y a veces a cambio de la cooperación con sus instituciones económicas o académicas— se reclama su silencio o colaboracionismo.

No pocas de esas personas —acostumbradas por décadas, antes de partir a su destierro, a creer que lo mejor es "resolver" los problemas personales y "no buscarse problemas"— terminan por aceptar su silencio, no se aproximan a organizaciones políticas cubanas en el exilio, o se expresan mal de ellas sin conocerlas, e incluso de los disidentes internos, en medios públicos. En algunas pocas ocasiones, aceptan también colaborar como informantes y agentes de las embajadas y consulados, contra otros emigrados desterrados, sean o no aquellos activos oposicionistas.

La primera actitud —aceptar no hacer declaraciones, no involucrarse en actividades políticas críticas del régimen cubano y mantener relaciones cordiales con los diplomáticos cubanos— es a menudo alentada, lamentablemente, por los propios familiares que dejaron atrás en la Isla.

En esto prima el axioma de que el régimen cubano va a durar un tiempo todavía imprevisible, y mientras tanto tiene la capacidad de afectar negativamente a esos supuestos "emigrados" y sus familiares de diferentes modos, si se aproximan más de lo deseado a "los exiliados". Por ello, algunos de los familiares que dejaron en Cuba los exhortan a mantener la misma doble moral en el exterior que tenían antes en la Isla, a "no marcarse" negativamente con las embajadas a fin de "poder seguir resolviendo".

A los más leales y comprometidos emigrados-desterrados, o pasivos exiliados de ese otro sector integrado por colaboracionistas e informantes, se reparten de vez en cuando invitaciones a participar en supuestos "diálogos" de buena voluntad con el gobierno cubano. Estos diálogos no son sino otro show mediático donde una de las partes decide la agenda, selecciona a los invitados, realiza unilateralmente supuestas "consultas" y preside las reuniones, sin enfrentar el riesgo de algún cuestionamiento de valía —salvo en excepcionales ocasiones en que a los organizadores se les escapa un detalle a su control.

Diálogo de sordos

Los convocantes no incluyen en su agenda ni tan siquiera temas humanitarios tan sensibles como los de la reunificación con familiares retenidos por La Habana bajo diversas excusas, las exorbitantes tarifas consulares y telefónicas impuestas por el régimen o la revocación definitiva del totalitario sistema migratorio existente. A esas reuniones también han asistido, en el pasado, personas honradas y decentes, ilusionadas con la idea de poder impulsar alguna conversación pública o privada que ayude a aliviar los graves problemas existentes; pero a menudo —por no decir que sin excepción— "la puesta en escena" oficial ha frustrado sus nobles aspiraciones.

El gobierno de La Habana intenta desde hace varias décadas, y empleando para ello diversos mecanismos de chantaje, que la masa de virtuales desterrados cubanos en el exterior actúe en los países donde se radicaron, con la misma doble moral que hoy prevalece en la Isla, resultado de la vigencia prolongada del régimen político de vocación totalitaria que allí impera.

Si los exiliados desean que los cubanos en la Isla aprendan a decir "no" a las autoridades cuando los convocan a acciones de dudoso valor ético, entonces deben ellos mismos aprender a decir "no" cuando sus consulados y embajadas pretendan imponerles un silencio cómplice, manipular su conducta y limitar sus pacíficas acciones políticas en los países donde ahora residen.

Y, a juicio de este autor, deberían acceder al diálogo sobre un conjunto de temas humanitarios inmediatos, pero exigiendo siempre con claridad meridiana y como condición sine qua non para su participación, que sea eso y no un circo. Si La Habana se empeñase en organizar nuevas reuniones con los ciudadanos cubanos radicados en el exterior del mismo modo autoritario con que lo ha hecho en el pasado, sería oportuno que los funcionarios encargados de conducir esos supuestos diálogos —algunos de ellos con suficiente experiencia profesional para conocer la diferencia entre lo que supone un diálogo genuino y lo que representa un espectáculo publicitario— encontrasen el modo de explicarle, diplomática y respetuosamente, a la cima del poder cubano, que "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".