Por el lugar que ocupa en el disfrute, educación y estabilidad social del individuo, la vivienda ha sido y seguirá siendo una gran preocupación y ocupación para la familia, la sociedad civil y el Estado en cualquier parte del mundo.
Cuba presenta un problema urbanístico extremadamente grave que se agudiza en el tiempo, se generaliza en el espacio y amenaza con devenir tragedia. Al envejecimiento natural del fondo de viviendas se añaden el bajo ritmo de construcción, el deterioro por falta de mantenimiento, los continuos y crecientes derrumbes y la inmovilización de la ciudadanía.
Durante el pasado siglo XX el ritmo de crecimiento de la población cubana sobrepasó con creces la oferta de habitáculos. El déficit habitacional no fue mayor en la primera mitad del siglo gracias a las disímiles opciones existentes: compra, arrendamiento y construcción, a precios altos pero en correspondencia con los ingresos monetarios de la época.
En la segunda mitad, la revolución de 1959 —anunciadora del fin de todos los males— creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para emplear los fondos de la Lotería Nacional en su solución; eximió de impuestos durante 10 años "a todo el que construyera una casa para vivirla"; rebajó los alquileres; aprobó una ley para la venta forzada de solares yermos; creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales y aprobó la Ley de Reforma Urbana, que reconocía la "posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano".
Con esas medidas e instituciones se inició desde el Estado una "batalla" que nunca arrojó los resultados esperados. La ausencia del ciudadano como sujeto condicionó los pobres efectos obtenidos y ha demostrado a través de varias décadas que el problema habitacional es insoluble en ausencia de éste.
La eficiencia mostrada en la redistribución de lo existente no se manifestó a la hora de producir. El primer plan, entre 1959 y 1970, dirigido a construir unos 32.000 apartamentos anuales, no sobrepasó la cifra de 11.000. El resultado fue expresado en un discurso de la época que contenía una falsa contradicción: "o nos desarrollamos o nos dedicamos a construir viviendas"; cuando el planteamiento debió ser: "desarrollarnos y construir viviendas".
El fracaso condujo a la creación de las microbrigadas: pequeñas unidades de trabajadores de cualquier sector que asumían la función de constructores y recibían una parte de las casas terminadas en usufructo, de acuerdo con sus méritos y necesidades. Con ellas se esperaba construir unos 40.000 apartamentos por año, pero el promedio anual entre 1971 y 1980 fue inferior a los 17.000.
Cifras nada más
Así, al arribar a la década del ochenta, con una población superior a los 10 millones de habitantes, el gobierno se propuso elevar las construcciones gradualmente hasta la cifra de 100.000 viviendas anuales, pero con el mismo método e idéntico resultado: a partir de 1981 la cifra promedio anual no sobrepasó las 40.000.
El fracaso de los planes mencionados aumentó con creces el déficit habitacional acumulado antes de 1959. Tal situación —en una sociedad donde el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos y la moral se subordinó a la supervivencia— generó el aumento de las ocupaciones y construcciones ilegales. A partir de este momento la respuesta estatal se dirigió más a intentar poner "orden" que a aumentar el ritmo de las construcciones. |
