En la década de 1970-1980, era habitual que los presos políticos plantados, al cumplir su condena inicial de 8, 10 ó 15 años de reclusión, recibieran un papel del Ministerio del Interior en el que se les comunicaba que, debido a su "peligrosidad", las autoridades habían decidido mantenerlos en prisión uno o dos años más. Al cumplirse ese "reenganche" la medida podía aplicarse de nuevo, si el preso persistía en su actitud, o sea, si no aceptaba los planes de "reeducación" y el trabajo forzado que trataban de imponerle. Hubo así quienes cumplieron hasta 5 ó 6 años adicionales, simplemente por negarse a aceptar medidas coercitivas que contravenían todos los convenios internacionales suscritos por el propio gobierno de Cuba.
Es evidente que para los jerarcas del castrismo la sanción penal desempeña un triple papel: escarmentar, disuadir y educar los reflejos del personal, según el método de Pavlov. Cuando el hombre nuevo oye el silbato del policía, sus glándulas deben segregar hormonas de pasividad, silencio y obediencia. Si sus secreciones internas no se ajustan a las directivas de la Seguridad del Estado, peor para él. Para eso está la figura jurídica de la peligrosidad.
De ahí que, entre otros aspectos aberrantes, las penas no suelan guardar proporción con el delito, real o supuesto. Lo mismo fusilan a un general acusado de narcotráfico —delito sancionado con una pena máxima de 20 años de cárcel en el Código Penal cubano— que a tres infelices que intentan desviar un barco y se rinden sin haber derramado una gota de sangre, como ocurrió en la primavera de 2003.
Según se tercie la coyuntura política, un mismo acto de salida ilegal del país puede penarse con 20 años de cárcel o apenas con unos pesos de multa, o incluso no dar lugar a condena alguna, sino más bien recibir el beneplácito y la ayuda encubierta de las autoridades.
La única novedad
Sin embargo, esta última ronda de aplicación endémica del principio de peligrosidad acontece en un entorno informativo que a corto plazo puede socavar los objetivos didácticos del gobierno. En fecha reciente, la cadena CNN entrevistó a algunos familiares de los detenidos. La madre de uno de ellos —un estudiante habanero de 17 años— explicó que a su hijo lo habían encarcelado porque el jefe de policía del barrio lo consideraba un "elemento potencialmente antisocial". Motivo: el muchacho vestía siempre prendas extranjeras.
De nada valió que la madre presentara al tribunal los comprobantes que demostraban que la ropa había sido comprada legalmente en Cuba, con los dólares que el padre del chico le enviaba desde Miami. En un fallo jurídico digno de Trespatines y la Tremenda Corte, el tribunal sentenció al joven a dos años de cárcel, por su afán de vestirse a la moda. Sólo que en este caso la injusticia y el sufrimiento infligido a personas inocentes son harto reales, no una comedia radiofónica. "No podemos hacer nada", concluyó la madre, sin poder contener las lágrimas.
Abrumada por el dolor, la señora se equivocaba. Ya estaba haciendo algo —mucho— al denunciar la injusticia ante la prensa internacional.
Porque a diferencia de lo ocurrido en las anteriores oleadas de represión, hoy todo sale a la luz pública. Hasta hace pocos años, los arrestos se realizaban discretamente, los juicios se celebraban a puerta cerrada y sobre las víctimas caía un velo de silencio, que estorbaba la solidaridad exterior y amplificaba el temor dentro del país. La prensa omitía el asunto o lo reflejaba en términos muy vagos. Nadie sabía exactamente —muy pocos querían saber— qué pasaba luego con esas personas detenidas y sentenciadas; pero todo el mundo intuía que era algo muy grave y muy ominoso, una desgracia que en cualquier momento podía tocarle a cualquiera.
Ahora, en el mundo de Internet, los teléfonos móviles y la televisión vía satélite, los dictadores no pueden contar con el amparo del silencio y la impunidad, y casi nadie puede alegar ignorancia ante lo que ocurre. El gobierno de Cuba seguirá reprimiendo a sus opositores, pero tendrá que pagar el costo correspondiente, tanto dentro como fuera de la Isla.
La tecnología moderna ha dejado a los tiranos en paños menores o, como decían los clásicos, con las vergüenzas al aire. Y cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados suelen perderles el miedo. Cada vez son más los cubanos que ven en el Máximo Líder a un provecto emperador en cueros vivos, que lo mismo reparte a su antojo ollas de presión que años de prisión. Y tan sólo esperan —como se decía en España en la era franquista— el "hecho biológico" que venga a librarlos del anciano logorreico y caprichoso que gesticula en la televisión cinco horas seguidas, un día sí y otro también.
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