Pero el comportamiento reciente de las autoridades de la Isla es, precisamente, una contribución meridiana a la destrucción de la letra y el espíritu de la Declaración Universal, y una muestra tangible de la facilidad con la que un Estado puede reprimir el ejercicio tanto de los derechos fundamentales como de derechos económicos y sociales inherentes a la persona. Y esto es sumamente peligroso no sólo para la estabilidad social y política dentro de los Estados, sino para la legitimidad y credibilidad de los organismos internacionales. Si el artículo 28 de la Declaración Universal reconoce el "derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que las libertades fundamentales y los derechos humanos pudieran hacerse plenamente efectivos", el Artículo 30 de esa misma Declaración dice: "Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración".

El gobierno cubano tiene por tanto una doble responsabilidad en materia de derechos humanos: la de promover y respetar el contenido de la Declaración, y la de trabajar junto a los demás Estados miembros de las Naciones Unidas por la eficacia y credibilidad del derecho internacional.

Las autoridades de la Isla no hacen ni una cosa ni la otra: por un lado se niegan a erigir las leyes e instituciones del país sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por otro, acaban de detener a alrededor de 75 luchadores pacíficos pro-derechos humanos, en franca violación de sus derechos civiles y políticos.

En términos de derechos, no hay pues justificación para perseverar en la ignorancia institucional de la Declaración Universal, ni para perseverar en el error político de reprimir el ejercicio en Cuba de todo los derechos humanos.

Ciertamente, la endémica y crítica situación de los derechos humanos en la Isla merece una aproximación más constructiva, inteligente y respetuosa del derecho internacional que la que desempeñan los Estados Unidos hacia nuestro país.

Si una lección inmediata se puede extraer del contexto que rodea a estos últimos actos de represión masiva es que las posiciones que parecen respaldarlos y los estilos asumidos por funcionarios diplomáticos norteamericanos tienen un claro sentido de inoportunidad política para la causa de los derechos humanos en Cuba. Lejos de ayudar a los defensores pro-derechos humanos, nos perjudica. Lejos de contribuir al fortalecimiento de nuestros espacios, los destruye. Lejos de protegernos frente a la arbitrariedad del Estado, nos desampara. Lejos de proveer climas de confianza apropiados para el avance de los derechos humanos, los enturbia y hace retroceder. Y lejos de legitimar nuestros esfuerzos frente a la sociedad, los pulveriza; contribuyendo a distanciar la sociedad de los activistas pro-democracia.

No hay coartada política que justifique la violación de los derechos humanos ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Pero no hay régimen que desaproveche la oportunidad de utilizar como coartada política argumentos legítimos en el derecho internacional.

Cuba no es un Estado de derecho: las autoridades cubanas no deben seguir negando la continua violación ni el sistemático desconocimiento de los derechos humanos. Están obligadas por el contrario a promoverlos sistemáticamente y a proteger a sus ciudadanos contra la permanente amenaza y actuación despiadada de la razón de Estado.

Pero Cuba sí es un Estado soberano: los Estados Unidos deben abstenerse de considerar a nuestro país como un protectorado rebelde e indisciplinado en la arena mundial: una posición que ha sostenido la izquierda socialdemócrata desde su fundación en 1992. Los Estados Unidos están obligados en consecuencia a ajustar su política y su comportamiento a los límites del derecho internacional y a desplegar su legítima preocupación por los derechos humanos en Cuba en un ambiente productivo que beneficie su efectivo avance al interior del país. El poder y la influencia merecen ser ejercidos con responsabilidad.