El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está en apuros. El poderoso Tom DeLay ha sido acusado de confabulación y lavado de dinero. Hay un largo proceso por delante y nadie puede predecir si será encontrado culpable. Pero por lo pronto ha tenido que abandonar su cargo —esa posición que lo convirtió en el tercer hombre de mayor influencia en el país— y en los próximos meses deberá dedicar mucho tiempo a preparar su defensa, tanto que es posible que las batallas políticas y las luchas ideológicas pasen a un lugar secundario ante la perspectiva de la cárcel.

Tom DeLay (izq.), durante su primera comparecencia ante la justicia.

Se especula que incluso, si es declarado inocente de los cargos legales y éticos que enfrenta, no podrá volver a su antiguo cargo y a disfrutar del poder que le permitió aunar voluntades y dictar agendas y leyes durante casi diez años. Al igual que en Hollywood, la sospecha basta en Washington para anular una carrera brillante. Y con lo que parece ser el principio de una caída, la ultraderecha de Miami está en peligro de perder a un gran aliado. No se trata de escribir un obituario, sino de analizar el posible descenso de una figura que ha contribuido a mantener sin cambio el embargo y a incrementar las restricciones de los envíos y viajes a la Isla.

DeLay representa como nadie a la ultraderecha cristiana, la cual desempeñó un papel de primer orden en la reelección del presidente George W. Bush. Un sector político, social y económico que cuenta con millones de miembros, numerosas organizaciones y dinero en abundancia para mantener el debate sobre varios de los aspectos más candentes de la conciencia nacional: desde el aborto y el origen de la vida, hasta la lucha contra el terrorismo y el papel del Estado.

No es un teórico del neoliberalismo. No se trata de un pensador y creador de teorías. Su terreno es la fe y la acción política. Es un apasionado defensor de los valores de un sector de la población. Esa que intenta diluir las diferencias entre la Iglesia y el Estado, reducir el papel del gobierno hasta limitarlo al campo de la defensa y fundamentar el destino norteamericano sobre el concepto de que vivimos en una "nación bendecida y única", enfrascada en una lucha a muerte contra las "fuerzas del mal".

Un país donde por ley se debe prolongar la vida de una paciente en coma como Terri Schiavo, no importa que ésta se encontrara reducida a un estado vegetativo y lo que opinaran su esposo y los médicos; una sociedad que no debe tener en cuenta las declaraciones (carentes de sentido, según DeLay) en favor de la protección ambiental, los "disparates" sobre la capa de ozono y la prohibición "absurda" de emplear el insecticida DDT; una nación en que los liberales representan a una "pequeña élite", la cual trata de "desprestigiar" a EE UU e imponer a la mayoría sus criterios contrarios a "las verdaderas y fundamentales tradiciones norteamericanas".

Un "cristiano sionista" —como ha sido llamado en más de una ocasión— que cree que, por encima de las diferencias religiosas, hay un objetivo común a ambas concepciones ideológicas y políticas: una cruzada destinada a exterminar a los "fanáticos contrarios a Occidente".

Aritmética electoral

Las campañas electorales que le han permitido al Partido Republicano llegar a la Casa Blanca y dominar al Congreso desde el año 2000 tienen que ver con la política, pero también con la aritmética: sumar distritos electorales diseñados con el objetivo de asegurarse la victoria, multiplicar las donaciones. Es aquí donde DeLay es un maestro. También la causa de su enjuiciamiento.

Está acusado de desviar el dinero de las corporaciones —a través de Washington— para el financiamiento de campañas políticas y lograr la redistribución de distritos electorales en Texas. Una saludable ley de ese estado prohíbe a las corporaciones hacer ese tipo de donativos, ya que considera con razón que estos no son más que un medio de influir en el gobierno.

No fue sólo la ideología —y mucho menos la ética— la responsable de que DeLay se convirtiera en el "martillo" y el "exterminador", en el Congreso y en la vida pública. Hay que tener cuidado con estos apodos, ya que no son del agrado del legislador. El primero porque pone de manifiesto la voluntad de hacer polvo al que se opone a sus dictados —algo que él y sus seguidores niegan— y el segundo por prestarse a confusiones: no es una referencia cinematográfica, apenas un recordatorio de su pasado de propietario de una compañía de fumigación.