La USEC fue en una época una corporación propiedad del gobierno norteamericano —similar a la ferrocarrilera Amtrak— y su labor fundamental era el procesamiento de uranio para las plantas energéticas del país. En 1998, la corporación fue vendida por el gobierno federal a un grupo de inversionistas, que pagaron $1.900 millones y heredaron así la ejecución del convenio ruso-norteamericano. De esta forma, la puesta en práctica de un acuerdo estratégico por 20 años —denominado "De megatones a megavatios"— pasó a depender de los afanes lucrativos de un consorcio empresarial.

Los planes de privatización se iniciaron bajo el gobierno de Bush padre y fueron completados por Clinton. Desde entonces existen interrogantes sobre esa decisión del gobierno norteamericano, de otorgarle una función propia de la seguridad nacional a la industria privada.

A partir de 1998, el interés de sacarle ganancias al acuerdo con Rusia y la necesidad de Estados Unidos de reducir la amenaza nuclear no han coincidido siempre. Como cualquier empresa, cuyas acciones se cotizan en el mercado bursátil, la USEC, Inc. ha hecho lo posible por reducir costos y salir adelante, en un país donde no se construye una planta eléctrica que emplee energía atómica desde hace más de dos décadas. Durante ese tiempo ha tenido que hacer frente, además, a la competencia extranjera, representada por varias firmas internacionales que cuentan con subsidios de sus gobiernos respectivos.

Bajo esas circunstancias, la USEC, Inc. se ha visto obligada a negociar con Rusia el precio del combustible atómico, no en base a las necesidades políticas y estrategias, sino de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Cabe preguntarse si la privatización fue correcta. Esta inquietud no sólo ha sido expresada por políticos que podían catalogarse de "liberales", sino también por miembros de la actual administración norteamericana, abanderada del neoliberalismo. Por ejemplo, Richard Falkenrath, un prominente funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, considera que la privatización de la USEC fue un "terrible error".

Como ocurre generalmente en firmas de este tipo, los vínculos entre empresa y gobierno terminan en muchos casos reducidos a una misma persona con dos trajes distintos, o en dos momentos diferentes, pero no excluyentes de su carrera. Ernest J. Moniz —subsecretario de Energía durante el gobierno de Clinton— es ahora miembro del consejo de USEC Inc. y James Schlesinger —secretario de Energía durante la administración de Jimmy Carter— labora en éste como asesor estratégico.

A veces, ni siquiera se cambia el traje o se espera el momento del retiro gubernamental, y se cae en el conflicto de intereses —o en el soborno vulgar, de forma evidente o encubierta— que pone en peligro no sólo la integridad corporativa, sino la mejor adecuación del convenio, de acuerdo con las prioridades de las naciones firmantes. Por ejemplo, hace casi tres años, la USEC, Inc. adquirió una empresa de Pennsylvania. Luego trascendió que uno de los dueños de la compañía comprada era Yevgeny O. Adamov, entonces ministro de Energía Atómica de Rusia (Adamov se vio obligado a renunciar a su cargo político en Rusia hace unos dos años, bajo acusaciones de corrupción. Los ejecutivos de USEC, Inc. alegan que desconocían que éste fuera uno de los propietarios de la empresa de Pennsylvania).

Si la privatización de USEC muestra una cara de la intromisión de la industria privada en los asuntos de Estado, en el Proyecto Vinca también está presente otra faceta del capital privado: la ayuda desinteresada a un plan gubernamental. Frente a la obtención de ganancias, el objetivo público.

En el caso del Proyecto Vinca, los serbios estaban de acuerdo en entregar el uranio, pero exigían a cambio que Estados Unidos se encargara de la labor de limpieza, a fin de borrar cualquier rastro de radioactividad. Sin embargo, el congreso norteamericano tiene estrictamente prohibido utilizar los fondos asignados a la eliminación de materiales necesarios en la fabricación de bombas nucleares en labores exclusivamente de "protección ambiental". Fue necesaria la participación de un grupo no lucrativo, la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear (NTI), dirigida por Ted Turner y el ex senador Sam Nunn. La NTI donó cinco millones de dólares para las labores de limpieza, e hizo posible la salida del uranio para Rusia.