La activa pertenencia a la Unión Europea y la incorporación al euro en 1999 han contribuido a que España se haya convertido en un país más próspero. Las exigencias macroeconómicas de estabilidad para el ingreso en el euro —sobre todo una rigurosa disciplina fiscal— han permitido que España entrase en un círculo virtuoso de crecimiento, pese a que la inflación sigue siendo más alta que el promedio europeo. La misma constituye un obstáculo que reduce la competitividad del país y afecta seriamente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos.

Del mismo modo que el gobierno del Partido Popular ha facilitado la actuación de la mediana y pequeña empresa y con ello ha estimulado el crecimiento económico, el país también se ha beneficiado grandemente de las generosas ayudas de la Unión Europea.

España es el mayor receptor neto de fondos de la UE en términos absolutos y el cuarto en cuanto a PIB, después de Grecia, Portugal e Irlanda. El presupuesto total de la Unión Europea destinado a fondos estructurales para el período 2000-2006 es de 182.000 millones de euros, de los que el país recibirá 42.800 millones (23,5%), más 11.160 millones del llamado fondo de cohesión. España recibe anualmente unos 200 euros por persona en dichos conceptos.

Buena parte de estos fondos se han destinado a ampliar la red de infraestructuras viales, tanto de carreteras y ferrocarriles, como del metro. Sin embargo, a partir de 2007, el país perderá irremisiblemente estas ayudas, pues para ese año España alcanzará —en la UE de los 25 miembros— una renta por habitante del 92,4% de la media europea. Resulta una cuestión de ética para los españoles permitir de buen grado que los nuevos integrantes perciban los mismos beneficios que ellos han disfrutado desde hace décadas, pues una transición completa a la economía de mercado significa prescindir de esas transferencias, teniendo en cuenta que el gobierno español se ufana de encontrarse ya entre los ocho países más ricos del planeta.

De ser una economía con un elevado grado de autarquía hasta 1975, España ha pasado a ser hoy una economía dependiente, tanto de los recursos provenientes de la Europa de más desarrollo, como de las inversiones en Iberoamérica, que totalizan unos 100.000 millones de euros en ocho años. El elevado monto de esta inversión (aproximadamente el 5% del PIB español), asociado a la pérdida en 2007 de las cuantiosas transferencias de recursos aportados por la UE, explica por qué el gobierno le concede una importancia estratégica a la aventura inversionista en América Latina.

El sector de la construcción es otro buen ejemplo de cómo las empresas españolas han crecido gracias a las fusiones, lo que les ha permitido invertir y competir en el extranjero. El número de empresas españolas de la construcción ha pasado en los últimos 20 años de más de veinte a tan sólo seis grandes grupos actualmente. Algo parecido pasa en el sector bancario. España cuenta con dos grandes bancos: Santander Central Hispano y BBVA, que son el resultado de diversas fusiones; y dos grandes cajas de ahorros, La Caixa y Caja Madrid. El sector bancario español es muy fuerte, lo cual representa un elemento fundamental para cualquier economía que pretenda expandirse y crecer.

La inversión directa de España en el extranjero ha crecido considerablemente, mientras que la inversión extranjera directa se ha reducido. Esto es comprensible si tenemos en cuenta que actualmente las empresas extranjeras dispuestas a invertir en Europa ponen sus miras en los nuevos miembros de la UE por el tamaño de su mercado —relativamente poco desarrollado—, el bajo coste de su mano de obra y por las medidas liberalizadoras que están prestos a implementar, situación que en España ya tuvo lugar en los ochenta y los noventa.

En el capítulo de los obstáculos al progreso del país se hallan el escaso nivel de inversión en investigación + desarrollo (I+D), la deficiente calidad de su sistema educativo, las cada vez mayores desigualdades sociales que ha generado la política económica del PP, la inmoderada tasa de inflación y una excesiva permisividad del gobierno, que ha frenado la adopción de penalizaciones al sector empresarial y particularmente al financiero-especulativo, ante su demostrada falta de ética profesional.