Sin embargo, Rodrigo Rato, ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, expresa que hasta que no se alcance la convergencia con la renta europea, objetivos tales como "mejorar nuestra sanidad, bajar los impuestos a las rentas salariales y avanzar en una política más activa en el gasto público en educación" no podrán llevarse a cabo, pues "todo eso necesita recursos y estos han de surgir de una situación de empleo potente y de una economía equivalente a la de nuestros socios".

De estas palabras de Rato parece deducirse que si el Partido Popular gana las elecciones del 14-M, y una vez lograda la convergencia con la renta media europea —presumiblemente hacia el final de esta década—, en España podrán superarse problemas tales como la extrema precariedad laboral, la cobertura pública en servicios como la salud, la educación, el sistema de pensiones y de seguro por desempleo, la carestía de la vivienda, el exiguo precio al que se pagan las horas extras, los abusos de algunas multinacionales, los excesos del capital y hasta la falta de valores éticos y cívicos, cuando el mercado y el lucro son los únicos referentes válidos hoy. Como discurso no está mal; incluso ilusiona, pero ¿cuál será el verdadero alcance de estos augurios?

Los avances de este país, si de modernizar su economía se trata, no han ido de la mano de un aumento de la inversión en I+D. La inversión ha alcanzado por fin el 1% del PIB, pero sigue siendo tan sólo la mitad de la media de la Europa de los Quince. Resulta lamentable que buena parte de la comunidad científica española, particularmente los más jóvenes y prometedores, prefieran en muchos casos emigrar hacia la Europa más desarrollada o Estados Unidos, al carecer aquí de respaldo institucional para desarrollar sus investigaciones. Por otra parte, el país se encuentra a la zaga en todos los aspectos que tienen que ver con la informática. En 2003, España ocupaba el puesto 29 en el indicador de desarrollo digital que cada año publica el Foro Económico Mundial, frente al 25 de 2002.

La calidad del sistema educativo español es bastante mediocre. Los indicadores de calidad formativa del país se hallan rezagados, con respecto a los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el porcentaje de fracaso escolar en la educación secundaria y en la universidad es muy elevado. A esto se añade que un número grande de graduados no consigue emplearse en actividades relacionadas con su perfil profesional, con lo cual el país dilapida sus recursos humanos cualificados.

También la brecha social entre los sectores de mayores ingresos y los de renta más baja se ha acentuado a lo largo de estos ocho años. Por ejemplo, la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón —urbanización típica de chalets y pisos (apartamentos) caros para un sector de ingresos altos— es, con diferencia, el municipio más rico de la comunidad. Pero, mientras hace cinco años superaba en un 53% la renta media regional, hoy lo hace en un 104%. A partir del mimo con que el PP ha tratado al empresariado, favorecido por la implementación de reformas fiscales relativas al impuesto de sociedades, los beneficios empresariales se han disparado en flecha, mientras que el salario nominal sigue estancado en los mismos niveles de hace más de una década. Por otra parte, el salario real cada vez se comprime más, acosado, como ya vimos, por un persistentemente alto índice de precios al consumidor, lo cual parece no inquietar demasiado al gobierno.

España ha mostrado el dinamismo de una economía que materialmente ha hecho progresos enormes desde su admisión como miembro de la Unión Europea en 1986, y mucho más si nos remontamos a 1975, cuando la dictadura de Franco llegó a su fin. Sin embargo, ahora mismo lo que se está fomentando en España es una típica sociedad consumista (el ratio de endeudamiento de las familias ha pasado del 40% en 1995 al 90% en 2003) y esto, en un país con un profundo imaginario estamental de la sociedad, en cuyo seno lo único que vale es el volumen de riqueza, significa un serio peligro.

Históricamente, la sociedad española ha sido objeto de sucesivos procesos modernizadores que gradualmente han ido trayendo el progreso al país. El impulsado desde 1996 es, sin duda, uno de los más vigorosos. Sin embargo, quizás el próximo peldaño que tenga que vencer España en su larga marcha hacia el desarrollo, sea el de convertir esta sociedad en una meritocrática, donde el conocimiento ocupe el lugar que le corresponde como motor del bienestar y la realización científica y cultural de las gentes. El 14 de marzo se verá en qué partido recae esta importante responsabilidad para el futuro.