Honduras, que de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano patrocinó "el engendro imperialista" de la resolución en Ginebra sobre los derechos humanos en Cuba, retiró sus tropas de Irak, en un acto de valentía poco usual en gobiernos de la región centroamericana. República Dominicana, también acusada de títere de Washington por su voto sobre Cuba en Ginebra, dispuso igualmente la retirada de sus tropas de Irak, junto a España y Honduras (acción que no llevaron a cabo los salvadoreños, por ejemplo).

Aun en medio de la ola represiva de marzo de 2003, Washington y Canadá no pudieron sumar a los latinoamericanos a una condena a Cuba en la OEA, no sólo por razones técnicas —el gobierno de Cuba no es miembro de la Organización—, sino porque la propuesta venía de Estados Unidos y, en ese escenario, la polarización entre Estados Unidos y América Latina, frente a la agenda hemisférica, suele evidenciarse con nitidez.

Estos mismos hechos demuestran que la "arrogancia del poder", a que hacía alusión el senador William Fullbright hace varias décadas, permite que la administración Bush perciba erradamente que los gobiernos hemisféricos están llamados a secundar, casi automáticamente, sus acciones respecto a Cuba.

Incluso, dentro de los propios Estados Unidos, las perspectivas en relación con la política a seguir hacia la Isla —por parte de hombres de negocios, congresistas de ambos partidos, sectores de la sociedad civil y de la propia comunidad de exiliados cubanos— difieren de las de los funcionarios de la Casa Blanca. Donde único todos van a encontrar puntos de convergencia es en señalar las violaciones de derechos humanos que ocurren en la Isla y en el deseo de que la realidad política cubana se transforme de manera democrática.

Transición con todos

Sin embargo, aun cuando la necesidad de cambios radicales en Cuba es una urgencia, no es con injerencias abiertas o veladas desde fuera que se logrará un futuro realmente democrático. No es tampoco con la preferencia que gobiernos foráneos tengan hacia unos disidentes u otros que se fortalecerá la sociedad civil en la Isla. No es con cuotas de participación de la comunidad de exiliados, prescritas por Washington, que se construirá la ya devastada economía nacional.

Las acciones unilaterales, alejadas de los organismos internacionales, no ayudarán a promover cambios en la Isla. La preparación para una transición en Cuba deberá emanar de todos los cubanos y sólo de ellos, como demanda un proceso genuinamente democrático, aunque los aportes de experiencias de otras naciones, sugeridas preferentemente a través de los organismos multilaterales, podrán ser de suma utilidad en la evitación de situaciones perjudiciales para el desarrollo político y económico del país. A este proceso se deberán sumar todos los cubanos, con el aporte de sus conocimientos, su profesionalidad y el derecho que les asiste a participar de las transformaciones de su nación.

El futuro perecedero de Cuba deberá labrarse sin Castro ni el castrismo, pero también sin coordinadores extranjeros para la transición. En los avances logrados por las democracias de la región, no en sus insuficiencias, podrán los cubanos de la Isla encontrar estímulos para el diseño de una nueva nación. De Estados Unidos también se deberán tomar sabias experiencias, especialmente de su sistema abierto, donde, como hoy, los congresistas les exigen a los altos funcionarios que revisen la obsoleta política hacia Cuba, y la opinión pública pide cuentas por las torturas a los prisioneros de Abu Ghraib.