Para colmo de males, el ala oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el pasado viernes una polémica y largamente discutida reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que según los opositores dará al presidente Hugo Chávez el control de la máxima corte.

Con una precaria mayoría, los diputados del chavismo aprobaron la ley, que aumenta de 20 a 32 el número de magistrados y otorga al Parlamento la facultad de nombrarlos o quitarlos con una mayoría simple, en lugar de las dos terceras partes de los diputados.

Ya Chávez había demostrado el control que poseía sobre la Sala Constitucional del TSJ, que anuló decisiones de los magistrados de la Sala Electoral, tras ésta haber reconocido que existía el número de firmas necesarias para el referendo revocatorio. Ahora, Chávez tendrá al pleno del TSJ en sus manos, porque los podrá cambiar a su antojo por la vía de la mayoría parlamentaria que controla.

Límites de la legitimidad

Sin duda alguna, el cerco se va apretando y el margen de maniobra de la oposición es cada vez más escaso. Sólo si la Coordinadora Democrática logra mantener cierta unidad y cohesión, que no ha sido el caso en los últimos tiempos, el pueblo venezolano podrá enfrentar el peligro de que Chávez repita en la patria de Bolívar el experimento cubano.

En un editorial del pasado sábado, el diario venezolano El Universal advertía en un lenguaje claro y directo la dimensión del drama venezolano: "¿Cuáles son los límites para considerar la absoluta ilegitimidad del régimen? Más asesinatos, torturas, presos políticos o ya basta con el control omnímodo de todas las Salas del TSJ, el Poder Moral, Poder Electoral y unas Fuerzas Armadas Nacionales convertidas en una milicia al servicio de la hegemonía.

"La ocupación partidista de las áreas más sensibles del Estado de Derecho implica su total confiscación por el régimen, que sin lugar a dudas ha perdido su legitimidad de desempeño y a marchas forzadas secuestra las libertades. El ciudadano ya no puede permanecer en una cómoda neutralidad y debe tomar posiciones en defensa de la recuperación de la Constitución y las instituciones".

A pesar de que la situación es desfavorable, la Coordinadora Democrática hizo bien en aceptar el reto para ratificar la validez de las firmas. Es el camino constitucional para revocar a Chávez. Si el presidente venezolano maniobra para desconocer la voluntad popular, entonces será el responsable de los acontecimientos posteriores. Nuevamente escamoteado ese derecho, parece que sólo restaría el camino de la desobediencia civil. La cómoda neutralidad se convierte en sumisión. Cuesta imaginar que los venezolanos se conviertan en un nuevo rebaño.