El pasado 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos conoció los recursos de apelación presentados por 16 ciudadanos del Reino Unido, Australia y Kuwait, que permanecen detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. Alrededor de 600 individuos permanecen detenidos en Guantánamo, la mayoría de los cuales fueron capturados en Afganistán y Pakistán por las tropas estadounidenses cuando éstas realizaban operaciones bélicas contra las fuerzas talibanes y los miembros de la organización terrorista Al Qaeda.

Talibanes detenidos: ¿Prisioneros de guerra o no?

El gobierno estadounidense niega a los detenidos la condición de prisioneros de guerra y, por el contrario, les ha concedido la clasificación de "combatientes enemigos ilegales" (unlawful enemy combatants). Tal clasificación permite a la administración Bush no aplicar todas las garantías establecidas por tratados internacionales, en particular la Tercera Convención de Ginebra de 1949, que rige el tratamiento de los prisioneros de guerra y que les concede inmunidad a éstos contra acusaciones derivadas de actos realizados de conformidad con las leyes de la guerra. Según la administración Bush, estos individuos pueden permanecer detenidos indefinidamente mientras duren las hostilidades, y sin la posibilidad de impugnar su detención ante los tribunales estadounidenses.

La Casa Blanca ha proporcionado escasa información para sustentar la clasificación de "combatiente enemigo" y no ha divulgado la identidad de los detenidos ni su nacionalidad. En general, ha dicho que los talibanes y los miembros de Al Qaeda no llevaban uniformes militares, ni se hacían distinguir de la población civil afgana, ni dirigían sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra; y que, por tanto, no cumplían los requisitos exigidos por la Tercera Convención de Ginebra de 1949 para que se les otorgara la condición de prisioneros de guerra. Recientemente, el gobierno estadounidense anunció que sometería a juicio ante comisiones militares a seis de los detenidos.

Al mismo tiempo plantea que aplicar la clasificación de "combatiente enemigo" es una prerrogativa militar que constituye una de las manifestaciones esenciales del ejercicio de la autoridad del comandante en jefe de las fuerzas armadas, en este caso el presidente Bush. Por esto, según el ejecutivo estadounidense, el poder judicial no debe intervenir para nada en este asunto.

A los detenidos, algunos de los cuales ya llevan más de dos años en Guantánamo, no se les ha acusado de ningún delito ni se ha presentado ninguna prueba contra ellos; tampoco han tenido la oportunidad de demostrar su inocencia. Asimismo, no han tenido acceso a abogados ni a familiares, y no han comparecido ante ningún tribunal competente que determine su condición en tiempos de guerra, conforme lo dispone la citada Tercera Convención de Ginebra de 1949. Hasta ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha sido la única organización internacional que ha podido visitarlos.

Según la organización promotora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), aunque algunos de los detenidos fueron capturados en el escenario del conflicto en Afganistán, otros fueron apresados lejos del campo de batalla. Los arrestos de algunos de los detenidos, señala AI, fueron poco más que secuestros extrajudiciales que contravinieron garantías internacionales en materia de derechos humanos y desconocieron procesos judiciales pendientes en otros países.

Amnistía Internacional ha afirmado que nada más y nada menos que el Estado de derecho está en juego en los casos que se debaten en la Corte Suprema estadounidense. "Aunque la amenaza que Al Qaeda representa para los derechos humanos es real, no se le puede hacer frente anulando las normas y privando a los individuos de salvaguardias esenciales", ha manifestado la organización.