El mayor aprieto de Gorbachev era que nadie en la Unión Soviética tenía una idea cabal de cómo transformar una economía comandita de plan central, con énfasis en la industria pesada, en una economía descentralizada de mercado. La paradoja consistía en que la Unión Soviética era demasiado extensa, el tipo de reformas que se contemplaban eran complejas en extremo y la población en cuestión era extremadamente elevada.

Los miembros de la nomenclatura se tornaron en un obstáculo serio a la reforma y, para que ésta se aplicase, era necesario que la misma perdiera sus posiciones y privilegios. Gorbachev les pedía el suicidio como clase y la entrega de sus poderes y prerrogativas.

La bien intencionada, pero calamitosa estrategia de Gorbachev, fue suficiente para suprimir cualquier perspectiva económica viable. El rechazo hacia la macroeconomía y la concepción pedestre de que lo substancial era la planificación, permitieron que el ignorado déficit presupuestario creciera en magnitud tal, que sería capaz de desatar fuerzas que atentarían contra el normal funcionamiento del sistema económico nacional. Para 1990, cuando ya no había solución, los reformistas soviéticos se percataron de que la macroeconomía y el déficit presupuestario tenían significación.

Una visión simplista del mercado

La planificación centralizada y la rigidez doctrinal ante las fuerzas del mercado reforzaban el estancamiento del bloque comunista. Pero la primera gran preocupación en esta revolución democrática de Europa del Este fue de índole política; no fue hasta que el Partido Comunista abandonó, a la fuerza, su rol monopartidista y el gobierno se legitimó por las urnas que el programa de reformas pudo ser implantado.

Las fórmulas aplicadas a las transiciones respondían a la visión que sobre el desarrollo se generalizó en los círculos bolsistas norteamericanos de la década de los ochenta (el Reaganomics). Se consideraba que los resortes del crecimiento económico eran estabilizar, "desregular" y fomentar la iniciativa privada. Se juzgaba que las reformas debían implantarse sin demora y se esperaba que los cambios sistémicos se produjeran de manera maquinal, al calor de las disposiciones del mercado.

En el primer período de la transición primó esta visión simplista de un capitalismo no regulado, en el cual se esperaba que el mercado, de manera mágica, resolviese todos los problemas sociales, y el Estado dejase de incidir en la sociedad civil. La idea predominante era que las reformas de la transición crearían con rapidez, y sin complicaciones, una sociedad democrática eficiente, con una economía de mercado funcionando como una maquinaria engrasada.

Los iniciadores de la transición y sus consejeros internacionales pensaban, ingenuamente, que el mercado interno, regulador de toda la economía, se gestaría con rapidez y que las líneas de producción ineficientes de las empresas estatales, que enfrentaban un valor añadido negativo por la inflación y los nuevos precios, se reemplazarían automáticamente por otras más eficientes de la esfera privada.

Se estimaba que el desempleo y el descenso en los niveles de vida, la desaparición del empleo fijo y la reducción de los beneficios sociales básicos, no sólo resultaban temporales, sino índices de la "purificación" de todo aquello que lastraba la eficiencia, la catalogada "destrucción creativa". Se consideraba que el mercado, por sí mismo, redistribuiría la fuerza laboral hacia los oficios más provechosos, eliminando la desproporción en la distribución del capital y la bonanza.

La transición se enfrentaría con tres escollos simultáneos: el político, el territorial-nacional y el económico. En la escena política las situaciones conflictivas institucionales harían evidente la debilidad intrínseca de la ideología marxista que señoreaba este espacio. El factor territorial traería nuevamente al escenario los conflictos locales, la etnicidad y el chauvinismo nacional. En el campo económico, estas emergentes estructuras sociales lidiaron con la desigualdad, los inevitables costes sociales de las reformas, la competitividad del mercado, los problemas medioambientales y el dilema del amparo social a los excluidos y desamparados.