La embajada de Estados Unidos en Venezuela decidió cerrar sus puertas durante el jueves después de recibir una "amenaza creíble" a su seguridad, informó un comunicado de la representación diplomática citado por la agencia Reuters.

"Nosotros vamos a trabajar pero no vamos a atender al público", dijo al canal de televisión local Globovisión el consejero de prensa de la embajada, Phillip Parkerson.

En la madrugada del pasado martes, dos potentes bombas estallaron en la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas, causando graves destrozos y cinco heridos.

Las explosiones ocurrieron después de que el domingo el presidente Hugo Chávez criticara duramente la preocupación expresada por Colombia, España, Estados Unidos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, por la difícil situación política en Venezuela tras la detención del empresario Carlos Fernández, uno de los líderes del recién finalizado paro contra el gobierno.

Fernández, presidente de la Federación de Cámaras del Comercio y de la Industria de Venezuela (Fedecámaras), fue acusado de rebelión civil e instigación al delito, y permanece en prisión domiciliaria. Las autoridades también buscan a Carlos Ortega, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.

Nadie ha reivindicado los ataques del martes, aunque en los edificios afectados por las explosiones se encontraron panfletos firmados por un "Frente Bolivariano de Liberación".

Líderes de la oposición acusaron a Chávez de provocar los ataques con sus duras críticas a esos países, aunque fuentes oficiales han negado cualquier vínculo con los actos de violencia.

Los ataques ocurrieron en medio del ambiente de creciente polarización política que vive Venezuela.

El miércoles, varios miles de opositores marcharon por Caracas para protestar por la detención de Fernández y la orden de captura contra Ortega, otro de los líderes del paro, que ha pasado a la "clandestinidad".

El paro, finalizado a principios de febrero, no logró su objetivo de hacer renunciar a Chávez, ni consiguió el llamado a elecciones anticipadas, pero golpeó duramente la producción de la industria petrolera estatal, que aporta la mitad de los ingresos del gobierno.

Chávez acusa a los líderes del paro de "terroristas" y "fascistas", y ha prometido una "ofensiva" contra sus opositores.

La prensa local informó el miércoles que un tribunal emitió órdenes de captura contra siete gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que encabezaron el paro en la empresa.