La oposición venezolana da este fin de semana un paso determinante en su intención de que se convoque un referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez.

Desde este viernes los opositores venezolanos realizan la revisión de más de un millón de firmas de ciudadanos que apoyan el recorte del mandato de Chávez, quien en principio tiene previsto gobernar hasta el 2007. El proceso se desarrollará durante tres días y es clave para decidir si habrá o no referéndum, informó la AP.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) validó 1,9 millones de firmas opositoras y pasó a observación 1,19 millones por considerar que había fallos en el registro de los datos.

La Constitución venezolana exige 2,43 millones de firmas, que representan el 20% de los electores, para poder convocar a la consulta.

La oposición debe lograr la ratificación de por lo menos 500.000 rúbricas para lograr su objetivo.

El vicepresidente José Vicente Rangel declaró el jueves que la situación es de "absoluta normalidad". No obstante, 45.000 militares fueron desplegados en todos los centros electorales para resguardar el orden, y otros 15.000 reservistas están "alertas".

Rangel dijo que las autoridades han "tomado todas las previsiones" ante unos informes que manejan los cuerpos de seguridad en cuanto a que "la oposición tiene dispuesto reaccionar violentamente frente a un resultado adverso" del proceso de revisión de firmas.

El congresista oficialista Willian Lara dijo que, según estimaciones de los grupos adeptos al gobierno, cerca del 15% de los opositores retirarán sus rúbricas contra Chávez, lo que evitará la realización del referendo.

El dirigente opositor Alberto Quiroz fustigó el jueves el anuncio del oficialismo y lo calificó como un "abuso propagandístico" dirigido a tratar de amedrentar a empleados públicos y contratistas para que retiren sus rúbricas.

Para algunos venezolanos la revisión de las firmas se ha convertido en un verdadero dilema.

Tal es el caso de una joven de 28 años, que se abstuvo de dar su nombre, pero dijo a la AP que su padre fue "coaccionado" por un gerente de la empresa pública de servicio de agua, Hidrocapital, para que ella retire su firma. De lo contrario, la entidad estatal no renovará un contrato de mantenimiento que mantienen con la compañía de su familia desde hace varios años.

Hidrocapital ha negado haber ejercido alguna presión para que empleados o contratistas eliminen sus firmas.