Otro aspecto en que la administración Bush ha transformado a este país es en la búsqueda, a toda costa, de mayores ingresos para el uno por ciento de la población norteamericana , formado por los individuos que poseen mayores ingresos. En eso radica la misión fundamental del actual inquilino de la Casa Blanca, su mayor "mérito". En la historia nacional reciente, no hay otro gobierno con mayor éxito en imponer una serie de medidas elitistas —que favorecen únicamente a los más privilegiados— con un mayor derroche de la retórica populista.

La virtud de la democracia americana —su mayor y única esperanza— es que no permite un engaño sostenido: el descenso de la popularidad de Bush en las encuestas sostiene a los que desde un principio dudaron de las declaraciones del actual mandatario. Falta aún por ver que el dinero y la demagogia no logren imponerse de nuevo.

Es un error —y una injusticia— culpar a Bush de todos los problemas económicos que enfrenta Norteamérica en la actualidad. Las raíces de la actual crisis surgieron durante el florecimiento económico que marcó los años de la presidencia de Clinton. Algunos de estos problemas pudieron, al menos, frenarse a tiempo. Otros resultaron inevitables, propios de los vaivenes económicos de una economía de mercado.

Tampoco es característica de la administración Bush el énfasis en las medidas tendientes a suprimir los controles a las empresas. Las políticas desregularizadoras vienen practicándose desde la época de Jimmy Carter. Librar de ciertas trabas a la industria ha resultado una necesidad imperiosa, de acuerdo con la expansión económica mundial. Pero la falta de balance adecuado —entre un crecimiento empresarial dinámico y la preservación de los recursos naturales y las conquistas sociales— ha hecho posible que este país se mantenga de líder económico mundial, a expensas de la fuerza laboral nacional y mediante la explotación sin freno de los recursos humanos y naturales de las naciones menos desarrolladas.

Fue el gobierno de Clinton el que permitió la desregularización acelerada de dos sectores básicos en la expansión económica norteamericana de los últimos años: los sectores financieros y de las telecomunicaciones. Fue también Clinton quien comenzó la reducción fiscal a los ingresos obtenidos de las ganancias del capital y el que permitió el enriquecimiento sin límites de los ejecutivos de las grandes corporaciones —mediante una mayor laxitud de las leyes de fiscalización sobre las ganancias en bonos y de las opciones de adquisición de acciones— que desembocaron en la crisis bursátil de los últimos años.

Pero lejos de revertir estas medidas —y pese a las declaraciones al respecto—, el gobierno de Bush no sólo no ha emprendido una reforma a fondo de tales prácticas, sino que en muchos casos ha limitado la puesta en ejecución de las normas de control necesarias.

Tampoco hay que considerar de forma esquemática que cualquier déficit en el presupuesto conlleva un impacto negativo en la economía. En una época de recesión —o incluso de estancamiento económico— un aumento en los gastos sociales puede resultar positivo. Mayores gastos en los sectores de educación, infraestructura o investigación pueden resultar beneficiosos a la larga —aunque para ello haya que incurrir en un déficit momentáneo.

El problema ocurre cuando el déficit se debe a un incremento disparatado en áreas no productivas, como la defensa —más allá de los requerimientos básicos para la salvaguardia nacional— y cuando lo que se pretende es una hegemonía mundial a cualquier precio, unido a las reducciones tributarias para los más ricos. Los recortes fiscales actuales no sirven para estimular la economía —un argumento demagógico que viene repitiéndose sin confirmación objetiva—, ya que sólo contribuyen a incrementar las arcas de los poderosos.