www.cubaencuentro.com Jueves, 27 de mayo de 2004

 
  Parte 2/4
 
La insoportable banalidad del mal
Torturas en Abu Ghraib: ¿Cuáles son las lecciones que de esta ignominia pueden aprenderse en cualquier lugar del mundo?
por JUAN ANTONIO BLANCO, Ottawa
 

El 20 de marzo, el general de brigada Mark Kimmitt anunció que seis miembros de su policía militar en Abu Ghraib estaban siendo encausados por agresión, crueldad y actos indecentes en el manejo de los prisioneros. El 15 de abril, el mayor general George R. Fay, a cargo de la inteligencia militar en el Pentágono, abría una investigación sobre las prácticas de los oficiales de esa rama en Irak.

En la primera semana de mayo, el secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld, fue públicamente criticado por el presidente Bush por no haberle informado de la existencia de evidencia gráfica (fotos) de las sesiones de tortura, las cuales se hicieron públicas en el programa televisivo 60 Minutos. El 9 de mayo, Rumsfeld tuvo que comparecer ante una comisión del Congreso que lo interrogó sobre lo sucedido y demandó aclarase su responsabilidad al respecto. El secretario de Defensa —a diferencia de su presidente y comandante en jefe— se declaró personal y absolutamente responsable por lo ocurrido, pero, al igual que aquél, sólo ofreció disculpas, no su renuncia.

El joven soldado, Joseph M. Darby, que había informado en enero a sus superiores su rechazo a participar en lo que ocurría en Abu Ghraib, parece haber sido el detonante del escándalo.

Órdenes superiores

Entre los siete militares encausados había dos que habían sido guardianes en penitenciarias en EE UU, donde uno de ellos había sido obligado a renunciar, al ser detectados sus abusos contra prisioneros. Los otros eran simples y anónimos ciudadanos que antes de marchar a Irak trabajaban en tiendas de víveres o fábricas de procesar gallinas.

Estos últimos se enrolaron en tiempos de paz para ganar un salario que les permitiera ahorrar lo suficiente y realizar sus sueños personales. Sus familias, amigos y vecinos los recuerdan como personas normales y afables. Su vida era banal hasta que se vieron atrapados por un conjunto de circunstancias que los condujo a ejercer el mal. "Se obedecían órdenes superiores", alegan los subordinados. "Las máximas autoridades no podían estar al corriente de los detalles de lo que estaba ocurriendo", responden los superiores. Todo suena tan familiar.

Lo aprendido de la tragedia nazi o de experimentos científicos como el de Milgram, se echó a un lado una vez más. Y será echado nuevamente a un lado en el futuro, si lo ocurrido se interpreta como algo excepcional, comprensible en medio de las pasiones que genera todo conflicto bélico, inevitable por el número de variadas y complejas situaciones que los mandos han de controlar, y, finalmente, episódico, dado el reducido número de individuos implicados en esos hechos.

Juzgar responsabilidades individuales es correcto, pero insuficiente. Hay que juzgar la responsabilidad de quienes crearon el contexto propicio para que estos hechos ocurriesen al aportar a sus subordinados la percepción de que en la lucha contra el enemigo todo valor o consideración humana resulta irrelevante y queda en suspenso hasta nuevo aviso.

Esta experiencia continuará repitiéndose fuera y dentro de EE UU si los sistemas penitenciarios y centros de detención no cumplen lo dispuesto en el Derecho Internacional Humanitario, y si no se respetan incondicionalmente los derechos que asisten a toda persona bajo custodia en cualquier celda. El hecho de que un individuo haya cometido crímenes —o se sospeche que los ha cometido— no autoriza a nadie a violar sus derechos humanos básicos.

Los juicios en Nuremberg pusieron en el banco de los acusados no sólo a un grupo de líderes nazis, sino al régimen ideológico, legal, económico y político que hizo posible sus atrocidades. El juicio también puso en entredicho ético la actitud colaboracionista o la tranquila convivencia con aquellos abusos de la inmensa mayoría de la población alemana.

¿Sanciones 'lights'?

Hoy no sería suficiente reclamar las máximas sanciones contra este reducido grupo de violadores de derechos humanos en Irak, sin llevar hasta sus últimas consecuencias el análisis del contexto normativo en que operaban y exigir responsabilidades a las altas autoridades que fomentaron las circunstancias propiciatorias de sus crímenes.

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