Más pequeño y menos poblado que la Florida, el archipiélago alcanza, en la mitología, dimensiones de potencia mundial, incluso en los dudosos privilegios de sus defectos. Como si los excesos del lenguaje compensaran los déficits de la geografía y de la historia. Pero a pesar de que los cubanos estamos dispuestos a gritar por la patria, pocos nos sentimos tentados, como otros pueblos elegidos, a matar por ella (y menos aún a que nos maten). Entre otras muchas razones, eso explica que al mayoral de la finca se le haya advertido: Cuando te mueras, avisa.

¿Cómo se conjuga este patriotismo con la epidemia trasnacional de los últimos años? ¿Por qué cientos de miles de compatriotas andan a la caza de una bandera de repuesto que cobije su futuro?

En el Consulado español en La Habana, por ejemplo, están por resolver unos 20.000 expedientes y el retraso es de tres a cinco años. Por sus oficinas pasan cada día entre 800 y 1.000 personas para legalizar documentos, casarse, registrarse, conseguir un visado (16.000 anuales), una pensión asistencial o un pasaporte. De modo que los coleros profesionales venden los turnos a 20 dólares, precio sólo superado en la Oficina de Intereses de Estados Unidos, donde 750.000 cubanos se la han jugado a la lotería de visas.

Parecería que basta explicar las razones del éxodo durante el último medio siglo para responder las preguntas anteriores. Pero no es exactamente así.

Durante la república, la Constitución de 1940 estipulaba cuándo se era cubano por nacimiento y cuándo por adopción, siempre renunciando a otra nacionalidad previa, y que adquirir ciudadanía extranjera conllevaba la pérdida de la cubana. Cientos de miles de inmigrantes, especialmente españoles, dejaron caducar sus pasaportes, sus ciudadanías, y adquirieron la cubana. Pocos fueron los cubanos que emigraron, y menos aún los que cambiaron de nacionalidad.

La Constitución de 1992 es mucho más vaga que la de 1940, pero advierte que "los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas", lo cual en la práctica es violado, dado que al cubano que emigra le son expropiados sus bienes; pierde todos sus años trabajados a los efectos de la seguridad social; y con suerte, sólo puede regresar de visita por un máximo de 21 días al país donde nació, para ser tratado como un extranjero de segunda no autorizado a residir e invertir.

Y aunque en la Constitución se afirma que "no se admitirá la doble ciudadanía" y que en ese caso "se perderá la cubana", en la práctica (www.cubaminrex.cu) el Estado establece que "con la excepción de aquellos que emigraron antes del 31 de diciembre de 1970", toda persona de origen cubano, aunque haya adquirido otra nacionalidad, deberá viajar a la Isla con pasaporte cubano, renovable cada dos años, que puede comprarse por 185 euros en los consulados correspondientes, cuando un pasaporte español válido por diez años cuesta 16. Se constata que las disposiciones del MINREX son más rentables que la Constitución.

Doble sufrimiento

Las razones del éxodo que ha convertido a Cuba de país receptor en país emisor son bien conocidas: un componente político y un componente económico a los que el gobierno cubano concede por igual un carácter político, al tratar a los emigrantes como enemigos derrotados y en huida, a los que puede despojar de todos sus bienes y derechos. Convertir a la mayoría de los emigrados en exiliados ha sido obra del gobierno.

Otras migraciones tienen lugar cada día entre el sur y el norte del planeta, pero no siempre son irreversibles. Muchos viajan con el propósito de levantar un pequeño capital que reinvertir en sus países de origen. Ese emigrante no busca otra ciudadanía, dado que su perspectiva a largo plazo cuenta con las ventajas que le otorga ser nacional de su propio país.