El gobierno cubano no se sonroja para afirmar que es el que más ha hecho en el mundo a favor de los derechos humanos, y que mantiene una intensa y permanente colaboración con los mecanismos internacionales encargados de la protección y promoción de esos derechos.

¿Adoctrinamiento o ejercicio del derecho?

De igual forma, las autoridades de la Isla son prodigas en el cuestionamiento, la crítica y las valoraciones sobre la situación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Esa pretendida excelencia y perfección en la atención o tratamiento de tan importante tema contrasta con el incumplimiento rampante de la responsabilidad gubernamental de garantizar la difusión, información, educación y debate, que debe ser, en el interior de cada país, el primer escalón del respeto y las garantías a los derechos humanos. Es bien conocido que el gobierno sólo habla del asunto —hacia adentro— para autoelogiarse o para otorgar a los defensores y promotores independientes las más terribles descalificaciones y ofensas.

Hay consenso universal de que la educación es el medio fundamental para alcanzar las más altas cotas de desarrollo económico, social y cultural. En ese campo, los espacios de instrucción académica ocupan un lugar primordial en la incorporación de los valores y derechos fundamentales al acervo y las referencias de cada individuo.

No hay justificación alguna para que nuestros gobernantes se abstengan, todavía, de incluir los derechos humanos en el programa de estudios del sistema nacional de educación. De momento, esta formación, esencial para el destino de los ciudadanos y las colectividades, es sustituida por un agresivo y parcializado adoctrinamiento político que llega a superar en importancia a la propia instrucción académica.

A nadie debe extrañar que el gobierno de la Isla haya impreso un afiche con la Convención de los Derechos del Niño mutilada. Precisamente, mutilada en lo referente a los derechos individuales que contradicen los diseños políticos oficiales. Es realmente lamentable que la UNESCO suscribiera tal engendro.

Silencio total mantienen nuestras autoridades sobre los instrumentos jurídicos internacionales que protegen los derechos humanos, al extremo de que ni siquiera publica los pactos y convenciones que se ha dignado a suscribir.

Nada se habla en Cuba sobre los importantes mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos. Ni academias o comisiones independientes, ni la institución del Defensor del Pueblo parecen estar en la perspectiva inmediata de las autoridades, que acaso están tan convencidas de la perfección de su sistema, que creen imposible cualquier acto de injusticia por parte de funcionario o institución alguna.

Aun cuando ha quedado claramente demostrado que todo cubano está en permanente peligro de ser ejecutado con la menor cantidad de garantías posibles, de tema tan trascendental tampoco se habla. Sobre la pena de muerte sólo se comenta cuando por intereses coyunturales del poder es ejecutado el más encumbrado de nuestros héroes militares o alguno de los más humildes y desconocidos hijos de este pueblo. La Isla vive peligrosamente de espaldas al intenso debate global sobre la permanencia o abolición de la sanción extrema.

Ese silencio es el más doloroso y lamentable, porque logra que sucesivas generaciones de cubanos vayan creciendo lejos de la cultura de derechos sobre la que se erigen los cimientos de cualquier sociedad civilizada y democrática.

Ese silencio criminal no sólo condiciona la inmovilidad social y cívica que conviene a los poderes absolutos, sino que compromete seriamente la capacidad del pueblo cubano para actuar como sujeto consciente y activo del renacimiento de Cuba, como Estado de derecho, en una sociedad democrática y plural.