Otra Cuba es posible
Extender apoyo acrítico e incondicional a un régimen represivo porque coincide con algunas de nuestras posiciones políticas en otros campos (como, por ejemplo, la interesada y entusiasta "solidaridad" que el liderazgo cubano viene dispensando a quienes se oponen al ALCA), es tan reaccionario como el apoyo que ha brindado EE UU a regímenes dictatoriales cuando la guerra fría o razones económicas así lo aconsejaban.
Los derechos humanos han sido, demasiado a menudo, meras herramientas de las políticas con las que cada gobierno —con muy escasas y honrosas excepciones— persigue sus intereses de Estado. Pero, desde la perspectiva de sus activistas y defensores, son un credo universal y solidario para con todas las víctimas, sea cual sea la ideología que profesen. Es a eso a lo que llamamos cultura de derechos humanos y creemos que ella debería siempre prevalecer sobre cualquier afinidad ideológica o conveniencia política.
La cultura de derechos humanos se diferencia de aquellas culturas políticas en que estas últimas promueven, a menudo, fines absolutos por encima de toda consideración sobre los medios que se emplean para alcanzarlos. Para el activista de derechos humanos la vida humana es sagrada y representa el único absoluto. La cultura de derechos humanos sólo concibe la defensa de aquélla a través de la promoción de todos y cada uno de los derechos humanos (políticos y civiles, económicos, sociales y culturales) de modo simultáneo y sin discriminar contra personas o sectores sociales.
Un defensor o activista de derechos humanos ha de preocuparse no solamente por asegurar los derechos de aquellos hacia quienes siente simpatía, sino incluso de personas abominables a quienes se pretenda despojar de ellos. La diferencia entre Pinochet y los defensores de los derechos humanos es que él asesinaba a sus opositores, y los defensores quieren llevarlo a un juicio con todas las garantías de las que puede gozar un acusado, según el debido proceso dentro de un Estado democrático y de Derecho.
La incapacidad para adherirse a una cultura universal de derechos humanos y la persistencia en valorar cada paso desde una lógica exclusivamente política e ideológica, es lo que, al final, determina las acciones del gobierno cubano. Es por eso que las autoridades cubanas y sus leales amigos creen ver una ingenuidad en las fuerzas progresistas cuando estas extienden algún apoyo a cualquier cosa que interfiera mínimamente en su ilimitada capacidad de maniobra y acción (Como sucedió con la creación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la aprobación del Protocolo Facultativo contra la Tortura o el establecimiento de la Corte Criminal Internacional).
El gobierno cubano acusa siempre, a todos aquellos que puedan coincidir con EE UU en denunciar cualquier violación de derechos humanos en la Isla, como "irresponsables que le hacen el juego al imperialismo", pero no le inquieta para nada "hacerle el juego al imperialismo" al situarse en contra de las fuerzas progresistas que luchan a favor de esos temas.
En este distanciamiento de pactos internacionales el máximo líder cubano comparte los mismos temores de Henry Kissinger, según puede deducirse de las declaraciones de ambos respecto a la Corte Criminal Internacional. Por ello es también patético que mientras el gobierno cubano demanda el retorno del territorio que ocupa la Base Naval de Guantánamo a su jurisdicción, ofreciera el apoyo y cooperación incondicional a las autoridades de ese enclave militar para capturar y devolverles cualquier prisionero extranjero detenido allí desde el inicio de la llamada "guerra contra el terrorismo". Sin embargo, guardó sepulcral silencio ante el reclamo universal de que EE UU permitiese visitar a los detenidos en esa Base.
Si realmente creemos que "otro mundo mejor es posible", entonces hay que desear —y luchar— porque "otra Cuba mejor sea posible también". Una Cuba verdaderamente progresista, donde los derechos, de todos y todas, económicos, sociales y culturales vayan finalmente de la mano con los políticos y civiles. No hay que escoger entre Fidel Castro y George W. Bush. Hay mejores opciones.
Como bien ha dicho José Saramago, Premio Nobel de Literatura: "La izquierda no necesita inventarse un nuevo programa. Sus verdaderos objetivos, aquellos por los que ha de luchar, fueron aprobados en 1948 por Naciones Unidas (respondiendo, por cierto, a una iniciativa de Eleanor Rosevelt) y están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos". No es por ello casual que uno de los argumentos que el gobierno de Cuba intenta vender a sus amigos es el de que ya la Declaración Universal es obsoleta y se debería sustituir con otra, que, por supuesto, le resultase menos problemática.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra —pese a todos sus defectos, debilidades e insuficiencias— continúa siendo, al igual que el resto del sistema de Naciones Unidas que también los padece, un inapreciable instrumento de los defensores de derechos humanos de todo el mundo, al cual no resulta posible renunciar en este caso o en ningún otro. Lo prudente es fortalecerlo.
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