En esos "planes de influencia", dirigidos prioritariamente hacia países que La Habana considera más relevantes por su votación en el seno de la CDH, se diseñan y coordinan anualmente las acciones que luego han de ser realizadas en cada país por las embajadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, oficiales y agentes del Ministerio del Interior, artistas e intelectuales cercanos al Ministerio de Cultura, funcionarios del Comité Central del PCC, representantes de las organizaciones de masas, centros académicos y un selecto grupo de ONG registradas legalmente.

La selección de prioridades está determinada por la actitud hacia Cuba del gobierno en cuestión. Es un esfuerzo desmesurado en recursos materiales y humanos para una nación marcada por la escasez, cuyo gobierno ha declarado que "nada le importa" lo que se diga sobre la situación de su país en el seno de la Comisión.

Lo curioso es que casi ninguno de los funcionarios que participan en la ejecución de esos planes de influencia —ni siquiera los de la "sección de medidas activas" del servicio de inteligencia— conocen personalmente la situación real de los presos cubanos ni las características arbitrarias de sus juicios. Ninguno de los diplomáticos cubanos que apasionadamente defienden la verdad oficial ha tenido nunca acceso directo y veraz a toda la información, conocida solamente por algunos de los mandos militares a cargo de las penitenciarias y de la contrainteligencia —quienes usualmente no participan en esas reuniones ni tienen que dar la cara en Ginebra por lo que hacen.

Por ello, no pueden comprobar si lo que leen, cuando están fuera de Cuba, es, en efecto, "una sarta de mentiras" como ellos afirman con vehemencia. O si se corresponde, al menos parcialmente, con la verdad. Se les exige hablar sobre los disidentes, pero nunca se les ha autorizado a dialogar con ellos. Tampoco lo han solicitado. Saben que sería un insulto al líder que veneran, además de tener que asumir las consecuencias derivadas de semejante "muestra de desconfianza".

Son, como regla general, funcionarios que, educados en las creencias axiomáticas del sistema cubano, prefieren aceptar a priori la veracidad de lo que les dicen. Por ello, su a menudo admirable profesionalismo está puesto a disposición de dirigentes que, sin escrúpulo alguno, los manipulan y comprometen su dignidad personal al usarlos en estas labores. Pero el mismo uso y manipulación inescrupulosa, por parte del poder cubano, de personas e instituciones, se da con la izquierda internacional, a la cual el liderazgo de la Isla siempre pide que le defienda "incondicionalmente". Toda solidaridad crítica es rechazada por "hacerle el juego al imperio".

Pero allí no terminan las incongruencias. ¿No había sumido el gobierno cubano al conflicto de Chiapas en el mayor de los silencios —durante años—, mientras sus aliados del PRI le aseguraron el voto favorable en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿No es acaso tan novedoso como oportunista que, a partir del cambio de voto en Ginebra por el gobierno de Fox, se haya invadido a México con artistas, académicos, médicos y otros actores del plan de influencia cubano sobre ese país para que, entre otras cosas, expresen finalmente su "emotivo apoyo al pueblo de Chiapas"?

No es difícil darse cuenta de que si bien el gobierno de La Habana puede alegar —en justicia— que el interés de EE UU por la democracia y los derechos humanos en Cuba no se mostró con igual entusiasmo durante la mayor parte de la dictadura de Fulgencio Batista, no es menos cierto que el interés de la diplomacia y prensa cubanas por la democracia y los derechos humanos del pueblo mexicano apenas comenzó cuando se dieron por primera vez elecciones libres en ese país y el gobierno electo decidió apoyar una resolución acerca de la situación de los derechos humanos en Cuba en el seno de la CDH.

El gobierno cubano, sin tener que someterse a igual presión, se permite el lujo de convertir sus campañas, en favor del silencio cómplice sobre lo que ocurre en la Isla, en un tema de la política doméstica de otros países. Convierte en municiones de aquellos partidos de oposición que (a menudo por razones electoreras más que por principios) desean acusar a sus gobiernos de "vendidos" al imperialismo. Ello es posible por una razón. En Cuba impera un régimen de corte totalitario, con control completo sobre todas las instituciones y medios de prensa, mientras que en otros países hay democracias formales que, en efecto, son insuficientes, pero que, en general, resultan mínimamente respetuosas de ciertos derechos civiles y políticos que La Habana pisotea en casa mientras los explota a su favor en el exterior.