Desde los horrores de Auschwitz y la consiguiente adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948 —suscrita desde entonces por Cuba, y cuya adhesión no ha retirado hasta hoy—, se han establecido estándares universalmente reconocidos en este campo, que nadie debe obviar escudándose en la soberanía nacional.
El ideal de Naciones Unidas nunca fue el de sacralizar lo que cada cual hiciese en su territorio —ese fue el camino que, al final, condujo al genocidio, la agresión y la guerra mundial—, sino el de establecer una normatividad universalmente aceptada sobre la que pueda hacerse sustentable la paz internacional. Por ello, se trata de una institución que resulta por naturaleza "políticamente intrusiva", aunque intenta realizar su trabajo con la cooperación de los Estados y no mediante medidas coercitivas, salvo cuando ello resulta ya inevitable y es aprobado por el Consejo de Seguridad.
La soberanía y la independencia son principios consagrados por la Carta de las Naciones Unidas, porque son dos valores cuyo respeto resulta ineludible frente a las pretensiones agresivas externas, pero nunca fueron concebidos como un cheque en blanco para violar nacionalmente la Declaración Universal que —junto a la Carta de la ONU— es el otro pilar normativo que los Estados miembros se dieron a sí mismos para evitar nuevas guerras y horrores.
La ONU está llamada a equilibrar a cada instante el respeto a la soberanía de sus miembros con su obligación de contribuir a salvaguardar los derechos humanos. Todavía lo hace de manera insuficiente, pero ese es su papel y no puede rehuirlo, sino en todo caso fortalecerlo. Es cierto el apotegma de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Pero nunca fue intención de Juárez —o de la Doctrina Estrada en México— amparar a Estados que se atribuyen "el derecho a arrancar derechos" a sus ciudadanos dentro del propio territorio y exigir luego a otros que le den la espalda a las víctimas.
México recibió a Trotsky y permitió desde allí sus actividades, al tiempo que decidió no tener relaciones con la España de Francisco Franco —a cuyos exiliados acogió de manera masiva—, en lugar de considerar que el criminal georgiano y el dictador falangista podían hacer lo que entendiesen pertinente mientras fuesen la máxima autoridad de sus respectivos Estados. Nadie sugeriría hoy en México que esa digna actitud constituyó una indebida intromisión en los asuntos internos de otras naciones.
La soberanía nacional radica en primer lugar en los pueblos. Los Estados lo que hacen es ser sus representantes ante la comunidad internacional. Cuando un Estado priva sustantivamente a su pueblo del ejercicio de los derechos políticos y civiles le está impidiendo la autonomía necesaria para expresar libremente su autodeterminación. La defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos depende, por lo tanto, del respeto que sus respectivos gobiernos tengan de los derechos civiles y políticos que las hacen posible. Es por ello que demandar internacionalmente de todos los gobiernos el respeto a los derechos políticos y civiles de sus pueblos no es una transgresión de los principios de soberanía y autodeterminación consagrados por la Carta de la ONU, sino parte indivisible y sustantiva de su defensa.
Tampoco es aceptable el desgastado argumento de que no es posible decir nada malo —desde su política agrícola hasta su esencia autoritaria— sobre la realidad cubana, sin dejar con ello de "hacerle el juego al imperialismo" y contribuir de ese modo a viabilizar una futura intervención militar estadounidense en la Isla.
La única relativa contención al creciente unilateralismo de EE UU, hoy día, es la transparencia y la cooperación para fortalecer el multilateralismo. Cuba acusa a la CDH de entrometerse en sus asuntos internos si decide enviar a una representante a dialogar y cooperar con ellos en la identificación de posibles vías que permitan encontrar los caminos para la mejoría de la situación de los derechos políticos y civiles, pero nada ve de malo cuando vota a favor, en el seno de la CDH, de enviar una misión investigadora a los territorios palestinos ocupados por Israel para que indague sobre posibles crímenes de guerra de este último contra aquel pueblo. Si la CDH es considerada por La Habana un inaceptable órgano intervencionista por decidir esas acciones, entonces Cuba —para ser consistente— debería o bien abstenerse en todo, votar en contra de todas sus resoluciones, o simplemente retirarse definitivamente de la Comisión.
Si se desea ser consecuente con la lógica de La Habana, evadir selectivamente las responsabilidades que conlleva el multilateralismo, cada vez que apenas se roza la situación interna de Cuba, sólo hace más vulnerable a la Isla frente al actual unilateralismo de EE UU, al elevar las sospechas de la comunidad internacional sobre lo que realmente ocurre dentro del país.
Si el gobierno de Cuba se cree sinceramente inocente y considera que todo lo que se dice de sus violaciones a los derechos humanos responde exclusivamente a una campaña difamatoria de Washington, entonces su mejor carta es hacerse plenamente transparente a los mecanismos multilaterales para demostrar su aseveración. No hacerlo refuerza la ya muy extendida creencia de que —con independencia de los fines que EE UU pueda perseguir con sus denuncias— los hechos que exponen las víctimas con el apoyo de los estadounidenses y de otros gobiernos se corresponden, en una u otra medida, con la realidad.
Decir que no pueden confiar en los organismos del sistema de Naciones Unidas y por ello no van a cooperar, o que los acuerdos de la CDH le tienen sin cuidado, son posturas que entran en conflicto con la prioridad que el gobierno de Cuba le otorga al trabajo en esa institución y a su esfuerzo en promover resoluciones sobre la situación en otros países.
Tal declaración no se corresponde con el hecho de que Cuba se volviese a postular —y luego autocelebrase su reelección— para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, del mismo modo que se postula para cuanto asiento vacante existe en cualquier comisión del sistema de Naciones Unidas. Si bien es cierto que la ONU no fue capaz de impedir la intervención y ocupación unilateral de Irak por EE UU y el Reino Unido, no es menos cierto que la contuvo mientras pudo y finalmente no se dejó arrastrar a ella.
La ONU tiene grandes flaquezas, pero no puede decirse de ella que es el juguete incondicional de Washington. No se puede utilizar ese argumento como coartada para rehuir la cooperación con la ONU en materia de derechos humanos, como pretende el discurso de las autoridades cubanas. ¿Cómo puede el gobierno cubano explicar que los mismos gobiernos mexicano o chileno que acusa de "títeres de Washington" por apoyar la resolución acerca de Cuba en la CDH, son los que encontraron espacio para revindicar su autonomía, respecto a EE UU, en la discusión estratégica sobre la intervención en Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU?
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