A diferencia de los 75 disidentes condenados por actividades similares a más de mil años de cárcel en la pasada "Primavera de La Habana", los simpatizantes del gobierno cubano, por el mero hecho de serlo, no han de temer verse acusados de actuar como agentes al servicio de una potencia extranjera. Tampoco serán condenados a más de dos décadas de prisión por escribir contra su gobierno en medios de prensa cubanos, o en ciertas publicaciones de sus países, algunas de las cuales han recibido alguna que otra vez el discreto apoyo financiero de La Habana.

Ningún fiscal de esos Estados osaría presentar como "evidencia" en su contra la posesión de un radio Sony con banda de onda corta, o una máquina de escribir. Tampoco el poder judicial les consideraría criminales por reunirse de manera más o menos regular con diplomáticos cubanos o por acudir a esa Embajada y a los eventos culturales o académicos que ella auspicia.

Ningún cubano podría haber realizado impunemente una crítica pública a su gobierno en el Zócalo del D.F. ante un millón de personas, como pudo hacerlo el dirigente de un poderoso sindicato mexicano en la Plaza de la Revolución de La Habana. El embajador de Cuba en cualquier país sometido a los planes de influencia política puede reunirse regularmente con los líderes de la oposición, pero su gobierno desata una tormenta si la embajada de ese mismo país en La Habana se reúne con la oposición pacífica cubana. Cuando se les interroga acerca de esta irritante asimetría, los diplomáticos cubanos creen ponerse a salvo de toda crítica afirmando que en Cuba se trata de actividades ilegales, pero que ellas resultan normales en los países donde están acreditados.

Soberanía y multilateralismo

Estas incongruencias son posibles porque ya —felizmente— no existen dictaduras militares en esos países. De lo contrario, las actividades pacíficas de los simpatizantes de Cuba hubieran sido vistas como peligros a la seguridad nacional, promovidos por el intervencionismo de la Isla en sus asuntos internos. Esa ha sido siempre la lógica de toda dictadura de derechas o izquierdas. El escenario doméstico se presenta ante ellas como un remanso de armonía y paz alterado solamente cuando —bajo la forma de ideas consideradas "desviadas" o "diversionistas"— logra "filtrarse el virus" de la subversión que invariablemente viene del exterior. Sobre esa lógica se redactan y promulgan leyes nacionales cuya letra y espíritu violan los estándares universalmente aceptados de derechos humanos. Lo mismo sucede en La Habana, donde toda crítica al jefe de Estado o al sistema actual es criminalizada por el código penal como colaboración con el imperialismo estadounidense.

¿No se han opuesto las fuerzas progresistas a aquellos gobiernos que, acogidos a la llamada "lucha contra el terrorismo", vienen recientemente intentando criminalizar toda protesta legítima y pacífica?

Aceptar el argumento oficial de que en Cuba no hay violaciones de derechos humanos, porque los disidentes son sancionados según las leyes vigentes y en franco ejercicio de la soberanía nacional, equivale a aceptar que la suerte de los judíos en el Tercer Reich, "si bien lamentable", obedecía a la aplicación de las leyes vigentes dentro del soberano e independiente territorio de Alemania. Tales legislaciones han sido diseñadas para poder violar "legalmente" los derechos humanos prescritos por la Declaración Universal, según se le antoje a los poderes establecidos. Eso lo saben bien brasileños, argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos y chilenos, en particular sus sectores progresistas.