No sucederá nunca. La administración Bush puede clamar, hasta que reviente, por una cooperación internacional contra el régimen cubano. Mientras la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están hartos de las payasadas de Castro y condenan su deplorable historial en el tema de los derechos humanos, todos se oponen a la política de aislamiento norteamericana, como también lo hacen la mayoría de los disidentes dentro de Cuba, el Vaticano, Václav Havel, Vicente Fox, miembros demócratas y republicanos del congreso estadounidense, y al menos un tercio de los cubanoamericanos del sur de la Florida, por sólo nombrar algunos.

Despedida en La Habana: ¿Empeora el drama familiar cubano?

El embargo de Estados Unidos posee una lógica que contiene dos puntos. El primero persigue presionar a La Habana para que cambie, sosteniendo el garrote en una mano, y en la otra, la zanahoria del comercio, la inversión y la normalización, lo cual resulta profundamente desacertado, pues Castro sencillamente se niega a negociar. El segundo busca implícitamente una rebelión popular que el régimen no pueda sofocar, un escenario que pudiera provocar fácilmente una intervención norteamericana.

Algunos funcionarios del gobierno han negado terminantemente las alegaciones de Castro sobre una agresión inminente, pero una espiral de violencia en Cuba podría muy bien forzar a EE UU a actuar. Si el ala militar de Washington propiciara el desplome del comandante, éste caería en un fuego nacionalista que ardería por muchas generaciones.

El aislamiento frente a la apertura

Quizá sea el momento de invertir los adjetivos asociados a cada uno. Una política de apertura podría constituir, de hecho, la mano dura. ¿A qué conclusión si no podemos llegar tras más de cuatro décadas de marcar el mismo compás, mientras Castro cambia ágilmente el paso sin perder el ritmo?

El Departamento de Estado norteamericano difundió recientemente un informe que incluye una serie de recomendaciones para apresurar el derrumbamiento del régimen y ayudar a un nuevo gobierno en la Isla. La mayoría se refiere al segundo objetivo subrayando la plétora de problemas —humanitarios, infraestructurales, ambientales, institucionales, económicos— que aguardan a una Cuba en transición, y la manera en que EE UU podría ayudar.

Estos constituyen en gran medida asuntos técnicos que Washington podría resolver si el gobierno de la transición así lo solicitara. Pero son los aspectos políticos del informe los más inoportunos. Estados Unidos no tiene ningún derecho de ahondar en el terreno sensible de lo que debería hacer un nuevo gobierno cubano con los antiguos funcionarios del régimen que violaron los derechos humanos, ni mucho menos de nombrar categorías de personas potencialmente responsables, como las de la Seguridad del Estado, la policía, los Comités de Defensa de la Revolución y altos dirigentes del partido y funcionarios del régimen.