AFP/ Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el jueves una orden de captura que pesaba sobre el alcalde de un municipio de Caracas y líder opositor, Henrique Capriles Radonsky, investigado por presuntas agresiones contra la sede de la Embajada de Cuba en Venezuela.

"Se anula la orden de aprehensión emitida" el 17 de marzo por un juzgado de Caracas "en contra del ciudadano Henrique Capriles Radonsky", por irregularidades en la emisión de la orden de captura, informó la magistrada Blanca Rosa Mármol.

Mármol dijo que Capriles Radonsky, alcalde del municipio capitalino de Baruta, "siempre estuvo atento a su proceso, declaró como testigo y ofreció declarar cuando fue solicitado, situación que no tuvo respuesta, sino que se le libró una boleta de encarcelación y eso no se corresponde" con las leyes.

El alcalde se mantenía escondido sin entregarse a la justicia, alegando que la orden de captura era ilegal.

Capriles Radonsky, uno de los dirigentes del partido Primero Justicia, está acusado de haber cometido delitos contra la sede de la Embajada de Cuba durante el golpe de Estado de abril de 2002, que sacó del poder por 47 horas al presidente Hugo Chávez.

Mientras Chávez estuvo alejado del poder, decenas de personas se manifestaron frente a la sede diplomática cubana, alegando que allí habían pedido asilo diputados y funcionarios del gobierno temporalmente depuesto.

Los manifestantes sitiaron la sede diplomática, le cortaron los servicios de agua y luz, y destrozaron los vehículos de la legación aparcados en la entrada.

Posteriormente, se divulgó una grabación de un canal privado en la que el alcalde Capriles, dentro de la embajada, exigía al embajador Germán Sánchez que le dejara revisar la sede diplomática para comprobar si allí se refugiaban funcionarios del gobierno.

La magistrada Mármol dijo que el caso de Capriles Radonsky será remitido a otro juzgado diferente al que le dictó orden de captura, para que continúe su curso.

La oposición había denunciado que el caso contra el alcalde era parte de ataques del gobierno de Chávez a sus detractores, que lo consideran "autoritario y dictatorial".