Sindicalistas independientes cubanos han llamado a los empresarios extranjeros con negocios en la Isla a poner fin "a su complicidad en aplicar o permitir medidas que afectan a la clase trabajadora de Cuba".
En un mensaje enviado a la I Reunión del Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GRSCC), que termina este miércoles en Madrid, los sindicalistas independientes de la Isla recuerdan los reiterados señalamientos del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al gobierno cubano, por sus violaciones de los convenios y resoluciones de la entidad.
Reconocen que las inversiones foráneas "han beneficiado a muchos trabajadores del sector turístico", pero consideran que "también han coadyuvado al apuntalamiento del régimen" y "al incremento de la discriminación sociolaboral".
"El Movimiento Sindical Independiente de Cuba, conjuntamente con las demás organizaciones que hoy forman parte de la sociedad civil alternativa al régimen cubano, tendrá derecho en un futuro democrático a establecer acciones legales por daños y perjuicios al movimiento obrero de la Isla y al patrimonio laboral de la nación", advierten.
Los sindicalistas piden que la permanencia de inversionistas y accionistas extranjeros en Cuba no contribuya a la violación de los acuerdos internacionales sobre libertad sindical y protección del derecho a sindicación. Para ello, los empresarios "deben permitir el ejercicio de este derecho dentro de cualquier entidad extranjera en Cuba y no hacerse cómplice de dicha violación ante la intransigencia de las autoridades del régimen", dicen.
Recomiendan, asimismo, que las empresas extranjeras contraten directamente a los trabajadores, sin aceptar "que medie la bolsa de empleados implementada de forma obligatoria por el gobierno y la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC)", y que otorguen los "derechos de sindicalización y negociación colectiva" que establece la OIT, "entre los que sobresale la no ingerencia de los empleadores en las organizaciones de trabajadores".
Otra solicitud del Movimiento Sindical Independiente de Cuba a los empresarios extranjeros con inversiones en la Isla es que respeten los acuerdos sobre la protección del salario, que prohíben a los empleadores "limitar de forma alguna la libertad del trabajador a disponer de su salario, como sistemáticamente viene ocurriendo en Cuba". También, que no se presten a ningún tipo de "distinción o exclusión de un trabajador en una empresa extranjera por razones discriminatorias como raza, color sexo religión u opinión política, esta última causante de los más flagrantes actos de violación" de los derechos de los trabajadores del país.
Los sindicalistas independientes consideran que las inversiones extranjeras deben "contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores dentro y fuera de los centros laborales, en áreas tales como seguridad, higiene ambiental, protección del medio ambiente, jornada de trabajo, salarios y períodos vacacionales, reclamos fundamental de los diversos proyectos cívicos que abogan por el respeto a los derechos humanos en Cuba".
Además, que las empresas deben cumplir dentro de la Isla "iguales principios básicos o derechos sociolaborales y sindicales de los trabajadores que los aplicados en el país de origen de los inversionistas".
En sus propuestas para "un futuro inmediato", el Movimiento Sindical Independiente solicita que no se deje de invertir en Cuba, pero que las inversiones se hagan "respetando las normas internacionales del trabajo" y teniendo en cuenta "las desventajas de una clase trabajadora sujeta a un solo empleador, el gobierno, que exige la incondicionalidad política para propiciar mínimos beneficios luego de humillantes limitaciones al trabajador".
Por otra parte, exigen que no se olvide que la OIT "reclama la puesta en libertad de siete sindicalistas independientes, condenados a penas de 16 a 27 años de prisión por el sólo delito de defender estos derechos sociolaborales y sindicales".
Los siete sindicalistas son Nelson Molinet, secretario general de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba, condenado a 21 años; Carmelo Díaz, director de la Agencia de Prensa Sindical y Miembro del Ejecutivo del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba (16 años); Miguel Galbán, periodista independiente y subdirector del Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral (26 años); Pedro Pablo çlvarez, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (25 años); Iván Hernández Carrillo, presidente de honor del Ejecutivo Nacional de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (25 años); Alfredo Felipe Fuentes, dirigente del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba (26 años); y Héctor Raúl Valle, condenado a 12 años.
Todos fueron encarcelados, junto a otros 68 disidentes, en la primavera de 2003, durante la peor campaña represiva lanzada en las últimas décadas por el gobierno cubano contra la oposición interna.
Carmelo Díaz recibió en junio de 2004 una licencia extrapenal por razones de salud. Ese tipo de permiso no implica el perdón del resto de la condena.
La I Reunión del Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba se realizó durante martes y miércoles en Madrid con la participación representantes de organizaciones sindicales de Colombia, México, Venezuela y sindicalistas cubanos radicados en Estados Unidos.
Asistieron, además, instituciones y Organizaciones No Gubernamentales de España, Estados Unidos, Holanda y República Checa.
Sin embargo, no estuvieron representantes de sindicatos y agrupaciones de empresarios españoles, a pesar de haber sido invitados al evento, que tuvo entre sus objetivos "establecer las primeras líneas que permitan diseñar un código de responsabilidad social de las corporaciones con inversiones directas en la Isla", según los organizadores.
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