El gobierno cubano no ha permitido la presencia de la prensa y de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba en los juicios sumarísimos contra casi 80 opositores pacíficos que comenzaron hoy en la Isla.

Según informó la AFP, los disidentes fueron trasladados en grupos de cinco personas a cuatro tribunales ubicados en diversas zonas de La Habana, donde se realizan los juicios.

Representantes diplomáticos de Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, República Checa, España, Suecia y Canadá, acudieron al Tribunal Supremo de La Habana, situado a pocos metros de la llamada Plaza de la Revolución, pero el personal de seguridad les negó el acceso, comprobó la AFP.

Los diplomáticos fueron a expresar su "solidaridad" a los detenidos y sus familiares, las únicas personas a las que se les permitió la entrada al recinto.

En la sede del Tribunal Supremo se realiza el proceso contra cinco disidentes, entre los cuales figuran Héctor Palacios, uno de los promotores del Proyecto Varela, y Osvaldo Alfonso Valdés, presidente del Partido Liberal Democrático. Para ambos la Fiscalía cubana pide la condena a cadena perpetua.

Los juicios, que se llevan a cabo desde este jueves y se extenderán al menos hasta el lunes próximo, según funcionarios gubernamentales, se desarrollan también en tribunales de capitales provinciales.

Los 78 disidentes arrestados durante la peor campaña de represión desatada por el gobierno de Fidel Castro en las últimas décadas, están acusados de "actuar contra la independencia o la integridad territorial del Estado", un delito castigado con penas que van desde los 10 años de cárcel hasta la prisión perpetua.

"El gobierno no ha escuchado ninguna de las demandas y peticiones de la comunidad internacional para que no se apliquen esas sanciones y se libere a estas personas", sostuvo Manuel Cuesta Murúa, dirigente de la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, que integran organizaciones opositoras vinculadas a la socialdemocracia.

"Esperemos que haya un gesto de generosidad de último minuto por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que estamos frente a luchadores pro derechos humanos. Estas personas no han cometido ningún atentado, no han ocasionado la muerte de nadie", dijo el líder disidente frente a las puertas del tribunal.

En su opinión, "éste ha sido el golpe más fuerte que se le ha dado a la oposición pacífica en Cuba, por lo menos en los últimos 20 años", añadió.

El presidente de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez Santacruz, expresó a la AFP su preocupación "por la falta de garantías para un debido proceso" a los disidentes.

"Ninguno de los acusados ha podido ver a sus abogados defensores en las instancias previas a estos juicios", denunció el dirigente tras opinar que esta oleada represiva del gobierno contra la disidencia interna "tiene lugar bajo el signo de la desmesura totalitaria".

La detención y enjuiciamiento de los opositores al régimen ha sido condenada por autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea, además de organizaciones internacionales, intelectuales y políticos de varios países.

Pero hasta ahora, las autoridades de la Isla no han reaccionado a las peticiones de clemencia del exterior y mantienen una línea dura hacia los opositores pacíficos.

"Todo esto escapa un poco a la racionalidad política", afirmó Cuesta Murúa, quien dijo no comprender que La Habana se empeñe en esta causa en momentos en que su política interior está a punto de ser evaluada en Ginebra por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.