El gobierno cubano comienza este jueves los juicios sumarios contra los opositores pacíficos detenidos entre el 18 y el 21 de marzo pasado. Para seis de los primeros disidentes juzgados, la Fiscalía solicita penas que van desde la cadena perpetua a los 12 años de prisión.

La opositora Martha Beatriz Roque, una de las principales líderes de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil y directora del Instituto de Economistas Independientes Manuel Sánchez Herrero, es una de las integrantes de este primer grupo, en el que también están los opositores Mijail Barzaga Lugo, Nelson Alberto Aguiar Ramírez, Juan Adolfo Fernández Sainz, Arnaldo Ramos Lauzerique y Nelson Molinet Espino.

Los juicios sumarios contra estos seis disidentes se realizan en Tribunal Provincial Popular de La Habana. Están acusados de "delitos contra la independencia o la integridad territorial del Estado", además de otras infracciones previstas en la Ley 88 de 1999, popularmente conocida como "Ley Mordaza".

La Fiscalía acusa los opositores de "publicar artículos de corte subversivo y contrarrevolucionario" en Internet; "conceder entrevistas a emisoras anticubanas y mercenarias"; "traición a la patria" y actuaciones a favor del gobierno de Estados Unidos y "la mafia miamense en su política de agresión, bloqueo y guerra contra el Gobierno cubano".

Para Martha Beatriz Roque la Fiscalía pide cadena perpetua. Arnaldo Ramos Lauzerique enfrenta una petición de 18 años de cárcel; Nelson Molinet Espino, 20 años; Juan Adolfo Fernández Sainz y Mijail Barzaga Lugo, 15 años; y Nelson Alberto Aguiar Ramírez, 12 años.

"Estamos muy preocupados por la violación al derecho al debido proceso, ya que ninguno de los acusados ha podido ver a sus abogados defensores", dijo el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRMN), Elizardo Sánchez Santacruz refiriéndose a la realización de juicios sumarios, en declaraciones a la agencia AFP.

"Ellos sólo estaban armados con libros, papeles y ordenadores", agregó.

El defensor de los derechos humanos se mostró alarmado ante el "exceso" de severidad de las sanciones solicitadas por los fiscales, y dijo que "esto tiene lugar bajo el signo de la desmesura totalitaria".

Sánchez Santacruz recordó que "estos pedidos de penas son más duros que los que se aplicaron contra los asaltantes del Cuartel Moncada, donde hubo muertos y violencia".

El asalto al Cuartel Moncada fue una frustrada acción guerrillera dirigida por Fidel Castro en 1953 y considerada como el inicio del proceso que le llevó al poder.

Castro fue arrestado tras ese asalto y sentenciado a 15 años de prisión, pero dos años después salió de la cárcel gracias a una amnistía.